La información publicada este jueves por VIVA CÁDIZ sobre la facturación de 118,9 millones por parte de José Manuel Pascual Pascual SA a la Junta de Andalucía por la asistencia sanitaria prestada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el año sin concierto, entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de junio de 2022, ha causado una indignación generalizada entre los partidos políticos de la oposición en el Parlamento autonómico y Marea Blanca.
“Vamos a pedir explicaciones” en la Cámara andaluza, ha advertido Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, “por este dispendio de la Junta con Pascual”. “Vamos a exigir que se aclaren estos pagos”, que finalmente se redujeron a 112,1 millones al descontar la Administración regional el beneficio industrial, “fuera de concierto, con procedimientos irregulares”, ha añadido, al tiempo que ha lamentado que (el consejero de Presidencia) Antonio Sanz esté “ejecutando a la perfección el mapa de privatización de la sanidad pública”.
Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, ha afeado igualmente la relación del Gobierno del PP con la empresa privada, aunque ha reconocido que viene de antiguo, con el PSOE. No obstante, ha remarcado que Juanma Moreno ha sido negligente “porque sabía cuando finalizaba el concierto de 2017” y ha cargado contra Pascual. Nieto acusa a la sociedad mercantil de “aprovecharse de la debilidad” de la Sanidad Pública, que no cuenta con una red hospitalaria que dé cobertura a El Puerto, Sanlúcar y la comarca de la Sierra, pero “tampoco ha diseñado un plan B” y volverá a verse en la misma tesitura dentro de cuatro años, y denuncia que Pascual “juega con los tiempos de la negociación para que la Junta no tenga alternativa”.
En términos parecidos se expresa José Ignacio García, voz de Adelante Andalucía en la Cámara autonómica, quien no ve lógico que El Puerto, Sanlúcar y la Sierra tengan hospitales que dependan de la Administración autonómica y reprueba “el negocio de Pascual con la Junta o la Junta con Pascual porque clama al cielo”. García señala, por un lado, que la sociedad mercantil “viva de lo público, mantenga en condiciones miserables a los trabajadores y ofrezca una peor calidad asistencial a los ciudadanos”.
Antonio Vergara, responsable de Marea Blanca, coincide en que no hay control de la atención en los centros de Pascual y ve urgente dejar de detraer recursos públicos para la empresa privada.
“Era innecesario incluir San Rafael”
El último concierto entre la Junta y Pascual entre 2017 y 2021 costó 380 millones de euros. La empresa ingresó otros 112,1 millones por prestar servicios durante un año sin entrar en vigor el nuevo y otros 121 por cerrar litigios abiertos con la Administración autonómica. El concierto de 2022, por 770 millones por cinco años, también generó estupefacción porque sumó a los hospitales de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín la clínia San Rafael, en Cádiz, que se quedó fuera en 2017. “Era innecesario ampliarlo”, coinciden PSOE, Adelante, Por Andalucía y Marea Blanca.
