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Miércoles 27/11/2024
 

El Puerto

Turismo anuncia acciones para regular Viviendas con Fines Turísticos

El objetivo, paliar los efectos negativos de las Viviendas con Fines Turísticos. La Junta de Andalucía plantea un nuevo Decreto.

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  • Vivienda con Fines Turísticos. -

La concejala de Turismo de El Puerto de Santa María, Olga de Navas, ha anunciado en el último Pleno del Ayuntamiento las medidas que se tomarán desde su departamento para abordar los problemas planteados por los usuarios de las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) de la ciudad que no cumplen con las normas básicas de convivencia.

De Navas explicó que se llevará a cabo una serie de reuniones con los propietarios de estas viviendas para concienciarlos sobre sus obligaciones, como proporcionar información turística de la ciudad y respetar las restricciones establecidas por la Ordenanza de Convivencia. Esta ordenanza permite imponer sanciones significativas a quienes no cumplan con las normas básicas de convivencia.

La concejala también destacó que, en comparación con otros municipios turísticos de la provincia de Cádiz, El Puerto cuenta con un número relativamente bajo de VFT. Actualmente, hay 1.393 registradas en el Registro de la Consejería de Turismo, lo que representa el 2,9% del total de viviendas en la ciudad. En contraste, municipios como Conil tienen un porcentaje mucho más alto, con un 15,8% de viviendas dedicadas a VFT.

Las viviendas que no están de alta en el Registro de la Consejería de Turismo no pueden ofrecerse en portales especializados en el alquiler vacacional, al no contar con número de registro, y sus propietarios pueden ser sancionados con hasta 18.000€ al ser una falta grave, o en caso de ser reincidente hasta 150.000€.

Debido a que las viviendas no registradas no pueden anunciarse en plataformas de alquiler vacacional y sus propietarios enfrentan sanciones significativas, la Junta de Andalucía está avanzando en la modificación del Decreto 28/2016 que regula las Viviendas con Fines Turísticos. Esta modificación incluye medidas como la instalación de sonómetros para medir el ruido, un espacio mínimo de 14 metros cuadrados por usuario, la obligación de mantener un registro de huéspedes similar a la de hoteles y apartamentos turísticos, y otorga a los ayuntamientos la autoridad para establecer zonas tensionadas o saturadas en la ciudad.

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