El Ayuntamiento de Almería ha convocado este viernes un pleno "extraordinario y urgente" para abordar una moción del grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría absoluta en la ciudad, a fin de debatir sobre la "defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia y mostrar su "repulsa" a "cualquier amnistía" en relación a las negociaciones para la formación de Gobierno.
La sesión para abordar únicamente este punto, a celebrarse a partir de las 9,00 horas de este viernes y en la que se deberá ratificarse la urgencia de la misma, llega tras las sesiones convocadas en otras ciudades andaluzas como Granada, Jaén, Jérez de la Frontera (Cádiz) o Ronda (Málaga), donde también gobierna el PP, a fin de abordar un texto de similares caraterísticas.
La convocatoria, que se ha hecho llegar ya al conjunto de los grupos municipales, ha sido afeada por parte de miembros de la corporación, como el portavoz del grupo Con Andalucía (Podemos-IU), Alejandro Lorenzo, quien ha criticado que el PP haga "uso del rodillo" para "imponer" un pleno en el que tratar "un tema absolutamente irrelevante y fuera de las competencias municipales".
"El uso partidista del plenario de nuestro Ayuntamiento por parte de la extrema derecha y la extrema derecha es deleznable", ha asegurado a través de una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que ha compartido la convocatoria que rubrica con fecha de este miércoles la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.
Por su parte, desde el PSOE han señalado que, con este acto, el PP "abusa del reglamento del Pleno" y "convoca uno urgente para, según ellos, defender la Constitución", mientras que, por el contrario, "no lo convocan para obligar a las concesionarias a pagar sus impuestos, ni para hablar de la limpieza de la ciudad o del estado ruinoso de las instalaciones deportivas", según han comparado.
Con esta moción los 'populares' quieren mostrar su "repulsa" a "cualquier amnistía" por "ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley", así como a "la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España", ambas acciones "contrarias a la Constitución".
El texto, según han señalado en una nota, señala que el candidato a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez "ha dado carta blanca a los independentistas para romper España" y la "ha vendido" y ello "otorgando una amnistía que anulará jurídica y políticamente la actuación del propio Estado en defensa de los derechos y libertades de todos ante el intento de quiebra de la convivencia más grave desde 1981, como fue el 1-O, desautorizando la actuación" también "del mismo PSOE que votó el artículo 155" con el que se intervino después la autonomía catalana.
Es, según recoge el texto, de "una humillación para los españoles" a la vez que lamenta que el "candidato a presidir el Gobierno de España está rindiéndose ante los deseos de los independentistas". Desde el PP tachan este acuerdo de "indecente" con el único propósito de "mantenerse en el poder, censurando por todo ello que no haya dado la cara".
Denuncia además desde el PP que "Sánchez cambia los votos que necesita para ser presidente del Gobierno por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles", un precio que, sostienen, "pagaremos todos y que va a convertir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda, porque lo que se condone a los independentistas, lo pagaremos el resto de los españoles e implicará una merma en los servicios públicos".
En los acuerdos a los que se invita al resto de grupos se apunta "la firme adhesión a la Constitución Española de 1978, fruto del acuerdo y del entendimiento y no de la imposición", texto vigente "que mantiene viva la unidad de España, la monarquía parlamentaria, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo en nuestro país".
La moción también respalda "la denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las audiencias provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial, que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes". En este sentido, muestra su oposición "a la referencia al lawfare o judicialización de la política y a sus consecuencias porque viene a negar que España sea un Estado de Derecho".
En otro de sus puntos los 'populares' rechazan "la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España".
También manifiestan su repulsa "a cualquier Ley de Amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España. Ambas dos acciones contrarias a la Constitución".
