El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera investiga al alcalde de Lubrín (Almería), Domingo José Ramos (PSOE), en relación a la licitación de unas obras en el municipio que ya se encontraban bajo ejecución por parte de otra empresa a finales de diciembre de 2020 sobre las que, además, carecería de competencias al darse a través de un programa provincial.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el primer edil ha quedado en libertad este jueves tras declarar en el juzgado, del que ha salido investigado por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, toda vez que también se ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos funcionarios del Ayuntamiento, que han sido citados a raíz de que se abrieran diligencias para esclarecer los hechos.
La investigación surge a raíz de la querella efectuada por la mercantil afectada, a la que a finales de noviembre de 2020 se le encargaron obras de pavimentación de varias calles del municipio que, a su vez, fueron subcontratadas a otra mercantil, y que se habrían visto interrumpidas por orden de Alcaldía tras los días festivos de Navidad una vez iban a ser retomadas por los trabajadores.
En este sentido, consta en las diligencias una resolución municipal por la que se habría ordenado la paralización de los trabajos así como un escrito del primer edil en el que habría solicitado a la Diputación de Almería que autorizara al Consistorio a finalización los trabajos con recursos propios una vez que ya se habría ejecutado el 87 por ciento de la obra.
La parte afectada sostiene que el mismo 28 de diciembre en el que se "paralizaron" las obras, y antes de poder recibir respuesta por parte de la institución provincial, el alcalde habría pedido a otra empresa de la localidad un presupuesto para acabar la actuación, llegando incluso a adjudicarse dichos trabajos durante la misma jornada, según la denuncia.
En este sentido, se habrían utilizado "de forma abusiva" las herramientas y materiales aportados por la empresa que había iniciado los trabajos conforme a la querella, en la que se apunta que la actuación municipal habría impedido a la mercantil finalizar la actuación que había iniciado en base a su contrato.
La investigación trata también de dilucidar si el expediente articulado para la contratación de la finalización de obra habría sido alterado deliberadamente mediante la manipulación de informes para intentar dar "apariencia legal" a la "paralización" de las obras por parte del Consistorio al haberse detectado supuestas "alteraciones" en numerosos documentos en cuanto a la fecha y número de registro, que aparecen escritos a mano.
