El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (CSIF, UGT y Ustea) se ha vuelto a concentrar este miércoles en las puertas de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva por el cierre de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría.
La presidenta del comité de empresa, María De Mier, a su vez delegada de CSIF, ha acusado a la Junta de Andalucía de "haber vulnerado la negociación colectiva" al haber decidido el cierre de estas instalaciones "unilateralmente sin tener en cuenta al personal", que afecta a 50 trabajadores de Punta Umbría.
En este sentido, el comité considera que la Delegación de Empleo está haciendo "promesas políticas" sin que "haya aclarado cómo se van a realizar las reubicaciones de forma reglamentaria". "Función Pública es el organismo encargado de la gestión del personal en la Junta de Andalucía y no se ha pronunciado aún, por lo que los trabajadores tienen miedo de perder derechos laborales ya consolidados", ha manifestado María De Mier.
La presidenta del comité ha expresado la "preocupación y descontento" de los trabajadores ante la disminución "significativa" de sus salarios que "se verían rebajados al prescindir de pluses"; la reducción de las bases de cotización en las nuevas reubicaciones, "un hecho que cobra especial relevancia al tratarse de los últimos años de cotización antes de alcanzar la edad de jubilación; los desplazamientos de sus domicilios por cargas familiares y con dependientes a su cargo".
Entre las quejas manifestadas por el comité se encuentra también la situación de aquellos trabajadores que, debido a cargas familiares y dependientes a su cargo, "pueden verse obligados a desplazarse de sus domicilios habituales". Asimismo, "los trabajadores temen" que las funciones de las reubicaciones sean "dispares" a las realizadas hasta ahora, porque se trata de categorías "difíciles de reubicar" en otros centros ya que se trata de socorristas, monitores de deportes, personal de recepción, entre otros.
El comité ha denunciado esta operación de cierre al considerar que "obedece a un traslado forzoso" y lamenta que la Junta de Andalucía no le haya dado traslado a ningún sindicato "de ninguna documentación, informes o documentos que acredite la justificación y necesidad de la adopción de esta medida tan drástica y prematura en el tiempo". Por ello, exige "transparencia y respeto a partir de ahora en la negociación de las reubicaciones".
Por ello, solicita que los procesos de reubicación se desarrollen "de manera abierta y clara", proporcionando "información detallada" al comité sobre los criterios empleados para la reubicación de los trabajadores afectados y "con el espíritu negociador que no se ha tenido con los cierres de las RTL". El comité de empresa espera que las negociaciones de reubicación lleguen "a buen puerto, respetando las situaciones laborales y personales de todos los trabajadores afectados".
IU PIDE QUE SE REABRA
De otro lado, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Hueva, Marcos Toti, ha participado también en la concentración en apoyo a los trabajadores, mostrando "su respaldo" a los sindicatos que representan a estos trabajadores y ha señalado que el cierre de estas residencias obedece a "la estrategia del presidente de la Junta de desmantelamiento de lo público".
"Hay que recordar que las residencias de tiempo libre no solamente daban puestos de trabajo, como estos que se están reivindicando, sino que, además, era un lugar donde trabajadores y trabajadoras, personas con menos recursos, podían disfrutar de unas vacaciones que normalmente no se pueden pagar en zonas tan tensionadas turísticamente como puede ser Punta Umbría", ha señalado Toti.
Así, ha afirmado que piensa que "esto tiene marcha atrás" y que "debería tener marcha atrás, por mucho que sea una decisión firme y que tenga mayoría absoluta el Gobierno del Partido Popular", toda vez que ha lamentado que "el gobierno de Moreno tendría que anteponer los intereses generales de la clase trabajadora a unos intereses como la privatización de los servicios públicos, como está haciendo con educación y la sanidad".
No obstante, Toti ha señalado que, "en el caso de que el PP persista en su estrategia hay que buscar una solución digna para la recolocación de estos 50 trabajadores" con un acuerdo "pactado con los sindicatos que no suponga un conflicto de intereses con los trabajadores".
