Ecologistas en Acción ha anunciado la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional (AN) para que impulse la "limpieza" de la tierra contaminada con americio y plutonio en Palomares, en los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora (Almería), y ordene al Gobierno la retirada y el almacenamiento "temporal" de 6.000 metros cúbicos de residuos.
El colectivo conservacionista toma la iniciativa cuando se cumplen este miércoles los 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU.
"Reventaron dos bombas atómicas en Palomares y liberaron los nueve kilos de plutonio que llevaban. EEUU hizo entonces un simulacro de limpieza y se llevó solamente 350 gramos, pero desde entonces no se ha limpiado nada y todo sigue exactamente igual", ha indicado a Europa Press el abogado José Ignacio Domínguez.
La decisión de elevar a los tribunales la situación de "inacción" que se prolonga en el tiempo viene motivada por el "silencio" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que "fije plazo" para "llevar a efecto" el Plan de Rehabilitación de la zona que el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración estadounidense.
Domínguez ha aludido a la declaración de intenciones firmada en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que "no sirvió de nada" y a los "avances" para limpiar anunciados en mayo de 2023 tras el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo norteamericano, Joe Biden.
"Tampoco se ha hecho nada", ha subrayado, al tiempo que ha criticado el "silencio" que mantiene el Gobierno al respecto "pese a las promesas que hicieron diciendo que estaban ya reuniéndose para limpiar" la contaminación.
Al hilo de esto, ha señalado como, desde que se produjo el accidente nuclear en 1966 y en el marco del proyecto 'Indalo' firmado en esa década entre España y EEUU "se ha estado experimentando las consecuencias de la radiactividad en seres vivos hasta 2007".
Ha añadido que, en ese año "se inició", y concluyó en "2011" el vallado perimetral de 40 hectáreas de suelo tras el mapa de caracterización radiactiva que realizó el Ciemat y que dio lugar a la elaboración de un plan preliminar para la rehabilitación del suelo. "Pero todo sigue exactamente igual", ha concluido.
Ecologistas en Acción va a solicitar por segunda vez a la Audiencia Nacional (AN) que obligue al Gobierno a fijar plazo para ejecutar la limpieza y a que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo, almacene temporalmente los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos previstos por el Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
Interesa, asimismo, que el tribunal considere como límite máximo permisible para que la tierra sea susceptible de descontaminación la dosis de 1 bq/g de americio 241.
Asimismo, y a raíz del primer pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que sentenció en 2019 que el CSN "no tenía competencias" para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, pide que si ve que el ministerio que dirige Teresa Rivera "no es competente", remita "la solicitud al órgano competente de la administración para ello".
PLAN DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA
Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares, de 2021, indican que los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112.
No obstante, en todos estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de referencia" que están fijados en el citado plan.
Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo dado a conocer son "similares" a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, "se ha mantenido estable".
El PVRAP, aprobado, supervisado e inspeccionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, analiza las concentraciones másicas, volumétricas o superficiales de actividad de americio-241 y plutonio-239+240 en diversos tipos de muestras con frecuencia mensual, anual y bianual.
En el ejercicio 2022, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, se tomaron 258 muestras, entre ellas de carne de conejo, que fueron sometidas a análisis, 128 de ellas con carácter mensual. La mayoría, un total de 156, son muestras de aire.
EXPROPIACIÓN DE 44 FINCAS CON RADIACTIVIDAD
Por otro lado, hace dos años, el Gobierno decidió expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU.
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
