A este documento, que recoge como número de registro en depósito 301/07, se unen al menos otras cinco exenciones sospechosas de no estar justificadas. Si bien en el caso de la familiar de Ruiz Boix ni siquiera se recoge motivo alguno de la retirada sin cargo, en otras tres aparece reflejado el número identificativo del mando -en este caso, un subinspector- que autorizó la retirada; en otro caso, se indica únicamente “orden superior” y en un único caso se justifica con “error policial” sin aportar más detalles.
Entre los seis casos reseñados, se encuentran también otros dos relacionados con el equipo de gobierno socialista de entonces: por un lado, la salida del vehículo propiedad de un familiar directo del propio concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Núñez, exento, sencillamente, “por orden superior”, con fecha 19 de junio de 2007; y otro, “por orden” de un subinspector, el Ford propiedad del concejal socialista José Guillén Díaz, el cual sería el único no retirado sin cargo alguno, aunque igualmente se le eximió de pagar la tasa por el depósito del vehículo, teniendo que abonar únicamente los 43 euros de la retirada del vehículo con la grúa.
Llama la atención el hecho de que, ni en el caso de los subinspectores que autorizaron la salida, ni de los policías que firmaban en última instancia la retirada del vehículo sin cargo o con cargo reducido, como en el caso de Guillén, solían repetirse, lo que indica que estas acciones supuestamente irregulares no son obra de uno o dos funcionarios concretos del cuerpo policial.
Datos en la comisión
Los datos recabados ahora por este diario fueron revelados parcialmente durante la sesión del 14 de junio de la Comisión de Investigación relacionada con el caso de la Caja B. Durante la declaración de uno de los agentes de la Policía Local, el funcionario reconocía que se habían realizado tales prácticas, indicando además que recibían la información o petición “del concejal, y evidentemente no vamos a poner en tela de juicio esa petición. En última instancia el último eslabón, es el subinspector de mando, el que da la orden”, declaraba el agente.
Confirmando, además, que con el edil Miguel Núñez “también se hacía esta práctica”, lo que da idea de que pudo hacerse también en una época anterior.
De igual modo, concluía su declaración afirmando que “yo no lo veía bien”, pero que “no estaba al mando del departamento” y que le venía “impuesto por el jefe o concejal delegado” y que “no voy a poner en tela de juicio” esta práctica. Respecto a la posibilidad de que estas retiradas se produjesen lícitamente por cuestión de errores policiales, otro agente descartaba esta idea indicando que en caso de que así fuese “en este caso no, el error policial lo detectábamos nosotros” y no tenía que venir, por tanto, de una orden superior, como aparece reflejado en el impreso.
Este otro agente iba más allá y declaraba que “venía un concejal y decía que se retirase el vehículo por orden de él, pero el error policial lo detectábamos nosotros”. El secretario local del PSOE no hizo ni una sola pregunta sobre esta cuestión durante aquella sesión de la comisión de investigación.
Confirmación del PIVG
En su valoración sobre el cierre de la Caja B, el PIVG también acusó ayer a ediles del PSOE durante el año 2007 de realizar “una irregularidad de la que supuestamente pueden existir hechos delictivos ahora relacionados con las sanciones de retirada de vehículos por la grúa municipal, por exenciones de multas, permitiendo la salida de vehículos autorizados por concejales del equipo de gobierno sin informes que lo justifiquen, tratándose de sanciones a su propio vehículo, de familiares, asesores o de personas con posibles vinculaciones políticas a su partido, en este supuesto se aportan documentalmente seis casos del año 2007”.
Cierre de la Caja B
La Casa Consistorial acoge esta mañana, a partir de las 8.30 horas, un Pleno Extraordinario donde uno de los puntos del día es precisamente el cierre de la Caja B de la Policía Local. El presidente de la Comisión de la Caja B, el edil andalucista Manuel Melero, presentará sus conclusiones donde básicamente tanto el PP, PA como PIVG están de acuerdo en afirmar que no hubo delitos aunque sí pagos irregulares de facturas por cobros fuera del horario fijado.
El PSOE cree que se cierra el caso sin aclarar el destino de los 55.000 euros. La Fiscalía ya cerró también el caso hace un mes por motivos similares. No obstante, el PIVG acusó ayer al ex concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Núñez, de ocultar durante su mandato estas irregularidades.
