La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a un empresario inmobiliario y a uno de sus empleados acusados de facilitar pisos para el cultivo de marihuana en Roquetas de Mar (Almería) al considerar que la prueba que se ha practicado contra ellos es "tan débil" que se considera "insuficiente" para considerarlos como miembros de una trama basada en la plantación y distribución del estupefaciente por la que ya dos agentes de la Policía Local de Vícar aceptaron un año de inhabilitación por omisión de deber perseguir delitos toda vez que otros nueve acusados asumieron penas de prisión de entre seis años y 18 meses de cárcel.
En este caso, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha señalado en su sentencia, consultada por Europa Press, que la prueba de cargo que la Fiscalía mantenía contra ellos era "únicamente de carácter indirecto" pues se basaba "en entender que estos acusados, como propietario de algunas de las viviendas en las que se cultivaba marihuana, o bien como encargado de la empresa del anterior para hacer reparaciones, habían intervenido de alguna forma con el principal acusado y con el resto de ellos".
El Ministerio Público, que pedía hasta tres años y medio de cárcel para los acusados, sostenía que ambos acusados habrían "bien facilitado las viviendas" o bien cediéndolas con un alquiler "por un precio inferior del de mercado". Para el tribunal, dichas afirmaciones "no pueden pasar de meras suposiciones mantenidas en el atestado" policial que "posteriormente ha recogido el Ministerio Fiscal" ya que "no se han reflejado en medios de prueba practicados" durante el juicio.
Con ello, apunta el interrogatorio efectuado a los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación, quienes admitieron que en sus vigilancias no vieron ningún encuentro entre el empresario inmobiliario y los sentenciados o intervenciones telefónicas. Asimismo, el precio de los arrendamientos, han apuntado que no se ha practicado prueba pericial que permita tener una idea sobre los precios de alquiler en la zona donde se emplearon las viviendas.
"Sólo nos encontramos como prueba en su contra, si es que así la podemos calificar, que en varias de las viviendas de las alrededor de 200 que tiene arrendadas su empresa, había cultivos de marihuana, habiéndose incluso demostrado por la documental que aportó la defensa en el acto previo, no son de su propiedad", destaca la Audiencia.
En relación al empleado de la inmobiliaria, el tribunal apunta desconocer "la más mínima relación" que este tenía con los otros acusados, toda vez que "el hecho de que se le viera en las vigilancias entrando en alguna de las casas arrendadas no se debe más que a su función de reparar aquello que en las mismas se podía averiar en relación con la vivienda en cuestión, pero nunca para de alguna forma colaborar en las plantaciones o ayudar a los otros acusados".
El tribunal presidido por el magistrado Luis Columna ya condenó a dos agentes de la Policía Local de Vícar (Almería) de formar parte de una red dedicada al cultivo y posterior distribución de marihuana quienes reconocieron los hechos y aceptaron un año de inhabilitación por hacer caso omiso de su deber de perseguir delitos.
Durante la primera sesión de la vista, que tuvo lugar el pasado 9 de enero, se produjeron acuerdos entre el Ministerio Público y la representación letrada de 11 de los 14 acusados por esta causa seguida por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, encubrimiento y defraudación de fluido eléctrico.
Los agentes que se enfrentaban inicialmente a penas de hasta tres años y medio de prisión, según recogía el escrito provisional de acusación, se habrían encargado "del cobro mensual de los alquileres de las viviendas" en las que se encontraban las plantaciones "obteniendo por ello una comisión del diez por ciento sobre el alquiler de las mismas".
Aunque "no eran partícipes" de la instalación, mantenimiento, recolección y venta de las plantaciones, "sí eran conocedores y consentidores de la actividad ilícita" cometida por los cabecillas de la red, según la Fiscalía, de modo que en base a su condición de policías locales, les reprochaba que no actuaran ante los hechos delictivos.
De otro lado, el principal acusado, al que se achacaba la coordinación de la red y el resto de acusados para la producción 'indoor' de marihuana en viviendas alquiladas o cedidas de Roquetas de Mar, aceptó también seis años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, toda vez que se le impusieron seis meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Los acuerdos alcanzados antes del arranque del juicio derivaron además en penas de entre dos años y un año y medio de prisión, con multas de 60.000 euros, para cuatro de los acusados de actuar como 'cuidadores' de los cultivos de marihuana, mientras que para un quinto de ellos, quien se encuentra en prisión por otra causa, se le impuso dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por un delito básico de tráfico de drogas.
También reconocieron su participación en los hechos y aceptaron penas de seis meses de prisión dos de los acusados de un delito de encubrimiento y otro más por pertenencia a grupo criminal.
