Este trabajo persigue examinar las condiciones de vida y los recursos destinados a las personas mayores, a partir de diversos indicadores y fuentes de información. En esta edición se analiza el impacto de la última reforma de pensiones sobre la revalorización de pensiones, así como la brecha que hay en las pensiones entre mujeres y hombres. Se abordan también otros asuntos de importancia para las personas mayores, como el funcionamiento del Sistema de Atención a la Dependencia o el Sistema Nacional de Salud, la soledad no deseada o la salud mental.
Así, el estudio asegura de forma clara el impacto medio, solo en el año 2023 es de 93 euros por paga. Es decir, la diferencia entre haber aplicado la fórmula de revalorización de 2013 (0,25%) o la fórmula de revalorización con el IPC promedio del año anterior que acordamos en 2021 refleja una cuantía de más de 100 euros mensuales o 1200 euros anuales.
En este sentido, se ha referido al parón que se produjo en la Ley de Dependencia en el período 2012-2015 debido a las políticas de austeridad y que no se ha recuperado “ya que se dedica un 0,77% del PIB cuando necesitaría un 1,5% si se quiere acabar con las listas de espera y atender con servicios profesionales al conjunto de la población que lo necesita”.
En esta nueva edición, el estudio aborda una aproximación demográfica, que es clave en este momento para entender lo que estamos pasando en este incremento de la longevidad en las sociedades europeas y en España que, como ha señalado Bravo, “es muy pertinente y enmarca bien el conjunto del informe”.
La rueda de prensa ha contado con la presencia de la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; el secretario general de CCOO Almería, Antonio Valdivieso; y el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda.
Entre los datos obtenidos se puede apreciar que la prolongación de las expectativas de vida tienen que ver con evidentes avances en las condiciones de vida y de trabajo, como mejor atención sanitaria o alimentación, “mejoras a nivel global que esconden desigualdades que no se pueden obviar” así como la constatación de que la esperanza de vida a los 65 años es mayor entre las mujeres que entre los hombres, aunque esa disparidad se está estrechando en las últimas décadas.
Además, las mujeres mayores son las herederas de una trayectoria vital marcada por la desigualdad en las vidas laborales pero también en la asunción desigual de las responsabilidades familiares por lo que se refleja en el acceso a las pensiones y en una mayor necesidad de determinados servicios y recursos públicos.
Por otro lado, la esperanza de vida no es igual en todo el territorio ya que las desigualdades productivas provocan que en los territorios más ricos la esperanza de vida sea entorno a los dos años y medio mayor que en los territorios más pobres y esta diferencia es mucho más clara en el caso de las mujeres, alcanzando los 5 años si se integra también a las ciudades autónomas. Esta situación está provocada por las tasas de pobreza y la inversión en políticas sociales de los diferentes territorios.
Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el informe señala que la población de menos de 75 años tiene un uso muy generalizado, para comunicación, información, entretenimiento o incluso salud, pero a partir de los 75 años el uso cae drásticamente. “Esto tiene que ver con la carencia de formación en destrezas tecnológicas, el idioma, el lenguaje informático, la desconfianza o incluso las limitaciones físicas que se tienen a la hora de utilizar los dispositivos electrónicos”. Además, su utilización de forma masiva supone un riesgo: la reducción de interacciones cara a cara, que influye en la soledad no deseada e incluso en la salud mental .
“El tema de la pobreza energética se ha disparado”. Las cifras confirman que en 2021 el 18,3% de los hogares con una persona de 65 y más años vivía en hogares con una temperatura inadecuada en invierno, un porcentaje que aumentó casi 11 puntos en los últimos 2 años.
Por último, ha abordado el tema del maltrato, “que sabemos que existe pero no somos capaces de contabilizarlo” y ha hecho referencia a un estudio que afirma que el 64% del personal de las instituciones públicas reconoció de alguna forma el maltrato durante el ejercicio de su profesión a personas mayores. Esto avala que el maltrato se produce en el ámbito domiciliario pero también en instituciones públicas y fundamentalmente se centra en las mujeres, que tradicionalmente lo ven como algo normal, y ha incidido en que “debe erradicarse cuanto antes”.
