El juzgado que investiga por presuntos delitos fiscales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aplazado su declaración y la de cuatro empresarios tras pedir las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid ampliar la investigación.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha pospuesto por segunda vez la comparecencia del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, investigado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
No hay constancia de que González Amador se haya presentado en la sede de los juzgados madrileños de Plaza Castilla, donde una vez más ha habido una gran expectación mediática, como también ocurrió la última vez que compareció, el mes pasado, cuando salió del edificio horas después de su cita judicial, a paso rápido y sin hacer declaraciones.
Sí que han acudido sus abogados, que han entrado a los juzgados en torno a las 9:15 horas, y también tres empresarios sevillanos investigados en la causa, cuya defensa, Ricardo Corzo, ha lamentado que se pospusiesen las declaraciones después de que sus clientes se ausentasen de sus trabajos esta mañana para trasladarse desde Sevilla.
Más Madrid y el PSOE han presentado un escrito esta mañana en el que solicitan que la causa se amplíe a otros delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y contables, y han pedido aplazar las declaraciones por la falta de tiempo para estudiar la causa, a la que tuvieron acceso el pasado 12 de junio, según ha explicado la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo.
Tras la presentación de su escrito y después de debatirlo con las partes, la jueza, que debe estudiar si accede a ampliar la investigación, ha acordado aplazar los interrogatorios a una fecha que se señalará próximamente.
Las acusaciones populares creen que hay indicios de que González Amador pudo cometer los delitos contra la hacienda pública de forma agravada "por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos", informa el PSOE de Madrid.
También consideran que la cantidad defraudada y los responsables de los hechos podrían variar.
El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha alegado ante los medios que la presentación del escrito en el que solicitan ampliar la investigación -de cuyo contenido no ha dado detalles- se basa en que se trata de "un caso complejo del que conviene saber más".
Ha considerado "bastante grave que la jefatura de gabinete de la Comunidad de Madrid se ponga al servicio de un particular en un caso de delito fiscal", al estimar que "esto es utilizar lo público al servicio de los intereses privados", y ha opinado que la Comunidad de Madrid no está "para defender a delincuentes fiscales, sino todo lo contrario, para perseguirlos".
A la salida de las declaraciones, el abogado de los tres empresarios investigados por hacer facturas falsas para González Amador, Ricardo Corzo, ha dicho sentirse "damnificados" por el escrito presentado por las acusaciones populares.
"La cuestión es que se ha ampliado la denuncia y con la ampliación de la denuncia se crearía una indefensión, si se declara por parte de mis clientes tendríamos que declarar sobre todos los hechos", ha explicado a los medios de comunicación.
