En sus alegaciones a la inhibición planteada al respecto por el Tribunal Superior de Justicia madrileño, estima que, por razones de aforamiento, el Tribunal valenciano debe investigar, entre otros, al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y al diputado autonómico Ricardo Costa por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008.
También considera que podría haber delitos contra la Administración Pública, en los que podría haber participado la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, y el exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.
La competencia del Tribunal valenciano debería “extenderse” a las personas no aforadas que participan en estos posibles delitos.
