El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un dictamen que apoya la reclamación de una vecina de Almería, quien solicitó una indemnización de más de 54.370 euros tras sufrir daños en su vivienda debido a una rotura en la red pública de saneamiento en noviembre de 2022.
La resolución, que avala la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Almería frente a estos daños, puesto que inciden en que los perjudicios sufridos por la propietaria del inmueble fueron a causa de unas filtraciones de agua provenientes de las tuberías de abastecimiento y suministro público.
En su dictamen, de carácter preceptivo y al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano consultivo subraya la "relación causal entre el daño y la prestación del servicio público" como base para estimar las pretensiones de la reclamante, toda vez que dicho daño cumple con los requisitos legales de antijuridicidad, imputabilidad a la Administración.
El incidente tiene su origen en un escape de agua que provocó filtraciones y el posterior hundimiento del terreno bajo la vivienda afectada. Aunque la gestión del suministro de agua y el saneamiento recae en una empresa concesionaria, el Consejo Consultivo ha determinado que corresponde al Ayuntamiento de Almería responder como último responsable del servicio público.
El dictamen también señala el incumplimiento de los plazos legales durante la tramitación del procedimiento. Además, destaca la falta de valoración detallada por parte de la Administración sobre los informes periciales y fotográficos aportados por la reclamante, que justifican el importe solicitado.
El Consejo ha destacado la necesidad de realizar un expediente contradictorio para determinar la cuantía exacta de la indemnización, de manera que garantice la participación de todas las partes interesadas. Asimismo, insta a verificar que la reclamante no haya recibido compensaciones adicionales "que haya paliado el importe de lo que ahora reclama".
El dictamen establece que la resolución desestimatoria no puede prosperar en su forma actual y que el caso debe resolverse con base en los fundamentos probatorios presentados. El Ayuntamiento deberá notificar su resolución definitiva en un plazo de 15 días desde su adopción, conforme a la normativa aplicable.
