APHDA denuncia la falta de derechos de 12.000 migrantes en chabolas en Almería y Huelva

Al menos 12.000 personas inmigrantes viven en asentamientos en las provincias de Almería (unos 7.000) y Huelva (unos 5.000), según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha denunciado las vulneraciones de los derechos humanos de esos trabajadores de los que "depende el modelo agrícola".

El trabajo de campo realizado por la APHDA ha constatado que esos migrantes viven en infraviviendas sin luz ni agua, alejadas de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la sanidad y a la escolarización de menores y son víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral, según el informe el informe de derechos humanos en la Frontera Sur, que este año ha puesto el foco en los asentamientos de Huelva y Almería.

En rueda de prensa en la presentación del informe, Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha explicado que este trabajo de campo ha permitido conocer de primera mano la realidad de los asentamientos, ya que han entrevistado a las personas que viven allí y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos sociales, así como con los responsables de las administraciones públicas, que precisamente son los que menos han colaborado con este informe.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras del informe, ha señalado que, aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son "muy precarias” y, de hecho, ha apuntado que se paga a discreción del encargado y el jornal está bastante por debajo del salario legal, que serían 54 euros.

Ha cuantificado en al menos 7.000 personas en Almería, dado que el trabajo agrícola en invernaderos se desarrolla todo el año, y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva -más vinculado a las campañas como la de los frutos rojos- las que "viven en esas condiciones infrahumanas", aunque ha indicado que la cifra puede ser más alta ya que tienen muchas dificultades para poderse empadronar y, por tanto, para regularizar su situación.

Para revertir esta situación, la APHDA ha pedido soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas.

En este trabajo de campo se han visitado cinco asentamientos de cada provincia y ha sido realizado por investigadoras de la APDHA y cofinanciado por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE.