El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este martes el "ataque frontal" que, según ha dicho, se ha producido por parte de los consejeros de la Junta de Andalucía contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante su anuncio para expropiar parte de los terrenos donde se asienta el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), de cara a su posterior demolición, sentido en el que ha reclamado más "lealtad institucional".
A preguntas de los medios en Armilla (Granada), Fernández ha afeado que los miembros del Gobierno andaluz hayan minusvalorado el "anuncio tan sumamente importante" hecho por Montero para "preservar el espacio natural" ante la alternativa planteada para acometer el derribo del hotel de una veintena de plantas y 400 habitaciones que, según los tribunales, se asienta en terreno no urbanizable e invade la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Fernández ha calificado de "vergonzosa" la "deslealtad institucional tan grande" mostrada por la Junta ante la iniciativa del Gobierno, ante la cual debería "colaborar" para "sacar adelante este proyecto" puesto que, según ha recordado, este "desmán urbanístico" se asienta en suelos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar "y por lo tanto, competencia de la Junta de Andalucía".
El delegado cree que desde la Junta se debería "aplaudir" esta vía que se afronta "con valentía absoluta" por parte del Gobierno encaminada a derribar el hotel promovido por Azata y "ponerse a trabajar conjuntamente para dar solución a un problema medioambiental que dura ya dos décadas" y que supone un "ataque" a uno de los puntos "más sensibles de nuestra costa".
Frente a ello, considera que los consejeros que se pronunciaron durante la jornada de este lunes se han dedicado "una vez más a utilizar a la Junta de Andalucía como arma arrojadiza" para "atacar a la vicepresidenta" frente a una decisión esperada por quienes "quieren preservar sus costas y sus espacios naturales".
Con ello, confía en los efectos que pueda tener el acuerdo "histórico" previsto este martes en el Consejo de Ministros para declarar de utilidad pública los terrenos del dominio público marítimo-terrestre para su expropiación y posterior demolición del inmueble, que supone un "ejemplo de lo que es la especulación pura y dura desde el punto de vista de la construcción".
