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Viernes 01/11/2024
 

España

Imputan a un futbolista y a otra familiar de Guerrero

El primero se benefició de una póliza individual por unos cursos y la segunda fue incluida en el ERE de SOS Cuétara

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La jueza que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración el próximo jueves al exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como ‘Pizo’ Gómez, y a la suegra del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, jubilada en Cuétara pese a que nunca trabajó allí.La titular de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reanudará el jueves la declaración de imputados con ‘Pizo’ Gómez, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y del Bilbao, beneficiario de una póliza individual por importe de 460.742 euros.

Según declaró el deportista ante la Policía, la Junta recurrió a esta fórmula para pagar a su empresa -de la que él era delegado en Navarra- unos cursos de prevención de riesgos laborales y el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica. La póliza de Fortia Vida comprometió el pago de 460.742,12 euros entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.La jueza ha citado además, también como imputada, a Victorina M. P, suegra del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado por haber incluido en los ERE fraudulentos a militantes del PSOE, familiares y amigos de su localidad natal de El Pedroso.


La mujer fue incluida en el ERE del grupo SOS Cuétara pese a que nunca trabajó en la firma, a la que la Consejería de Empleo subvencionó con 3,4 millones para regulación de empleo de 32 trabajadores en dos centros de trabajo.Victorina se une a otros familiares de imputados que fueron incluidos como “intrusos” en los ERE, entre ellos la esposa del “conseguidor” Juan Lanzas, jubilada en la empresa malagueña Hitemasa, y los dos concuñados, residentes en Camas, del exdelegado de Empleo Antonio Rivas, también imputado.Un día antes de esta citación judicial, el miércoles el Juzgado de lo Social 8 celebrará la vista oral por la demanda de los extrabajadores de Mercasevilla prejubilados gracias ERE de 2007 y de cuyo pago se desvinculó la Consejería de Empleo. 

Los prejubilados -34 de los 40 incluidos en el expediente- reclaman los “compromisos” de pago del ERE -que alcanza los 9.046.976,95 de euros- a Mercasevilla y a sus socios mayoritarios, el Ayuntamiento y Mercasa, contra la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio -ahora Generali- y la consultora Vitalia Vida.

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