Economía ha hecho estas consideraciones tras conocerse hoy que Nemesio Antonio Pisonero, en prisión por matar a su mujer y a su hijo en marzo de 1998, percibe la pensión de viudedad desde abril del mismo año.
Desde el Ministerio de Economía han explicado que la Ley Integral contra la violencia de Género, que impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad, que fue aprobada en 2004, no tiene efecto retroactivo, y sólo puede aplicarse a las sentencias firmes dictaminadas tras la entrada en vigor de la Ley.
Así, la sentencia firme de Nemesio Antonio Pisonero, que ingresó en prisión en 2008, fue dictada en 2001, tres años antes de la entrada en vigor de la Ley contra la violencia de género.
Tras conocer este caso que publican hoy varios diarios del Grupo Editorial Prensa Ibérica, Economía ha dado orden a la Abogacía del Estado "para que estudie la posibilidad de suspender, con carácter inmediato", la prestación que percibe el citado asesino.
No obstante, las mismas fuentes han precisado a EFE que el Ministerio no puede adoptar ninguna medida hasta conocer el informe jurídico y saber si existe alguna herramienta legal que permita retirarle la pensión.
El Ministerio de Economía es el encargado de abonar las prestaciones a los funcionarios de la Mutualidad de Funcionarios del Estado (MUFACE), colectivo al que pertenece el condenado dada su profesión de exprofesor.
Según publican hoy los citados diarios, Nemesio Antonio Pisonero, ha estado cobrando durante los últimos trece años la pensión correspondiente a la mutua de clases pasivas por la fallecida, que ascendía a más de 800 euros al mes en el último año.
Nemesio Antonio Pisonero fue condenado a 26 años de cárcel, con un cumplimiento efectivo de 20, por matar a su mujer y a su hijo el 25 de marzo de 1998 en el que era el domicilio familiar.
Allí, madre e hijo murieron tras recibir varios disparos efectuados con una carabina del calibre 22.
Desde 2009 Pisonero disfruta del régimen de tercer grado que le fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria en contra de los informes elaborados por los responsables de la prisión.
Entre los argumentos del juez para concederle el tercer grado -que permite a los presos salir el libertad con la condición de acudir a dormir a la prisión-, el magistrado argumentó que el condenado ya había pagado la responsabilidad civil a las familias de las dos víctimas en 2006.
Pisonero cumple condena en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Orense), en 2013 cumplirá tres cuartas partes de la pena y saldrá definitivamente de prisión en 2018, tras 20 años entre rejas.
De su perfil de Facebook, que no actualiza desde el pasado abril, destaca su interés por las mujeres.
El caso de este asesino es diferente, por tanto, al de Llorenç Morell, condenado en 2005 a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Sils (Girona) y que, desde julio de 2005 y debido a un error administrativo de la Seguridad Social, estuvo cobrando una pensión de viudedad de 592,92 euros mensuales, es decir, con fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
