Las irregularidades en su fabricación implica la responsabilidad frente a las consumidoras por parte de las empresas que se las vendieron y colocaron porque así lo establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según un comunicado de Facua.
La asociación realiza la misma recomendación que el Gobierno francés y muestra su esperanza en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lance el mismo mensaje a las afectadas.
La Facua recuerda que, hasta ahora, Sanidad se ha limitado a decir que ha encargado una investigación sobre el asunto, y ha aconsejado a las usuarias de estas prótesis que se las revisen, pero sin instarles a su retirada.
La empresa francesa PIP cerró en 2010 después de declararse en suspensión de pagos y, según la información que ha trascendido a los medios de comunicación, usó en el 80 % de sus implantes un gel que no cumplía las normas sanitarias para aumentar sus beneficios en hasta un millón de euros al año, ya que le costaba diez veces menos que el autorizado.
Sobre el fundador de PIP, que se encuentra en paradero desconocido, hay una investigación abierta por la Justicia francesa desde principios de 2010 por presunta estafa, publicidad engañosa y poner en peligro la vida de las usuarias de sus prótesis, concluye la Facua.
