Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si bien ha subrayado que todos estos datos aún son provisionales porque el plazo de entrega finalizó ayer mismo y porque los proveedores podrán reclamar.
Esta cifra de 9.584 millones de euros es muy inferior a la que había previsto el Gobierno dentro del plan, ya que había dispuesto unos 18.000 millones de euros para los ayuntamientos que quisieran acogerse al mecanismo de pago, dentro del global de 35.000 millones que compartirán con las comunidades autónomas. Sólo el Ayuntamiento de Madrid ha enviado a Hacienda un listado de deuda pendiente por valor de 1.017 millones de euros.
Sáenz de Santamaría también ha indicado que, según consta en el listado enviado por estas corporaciones al departamento que dirige Cristóbal Montoro, aproximadamente las dos terceras partes de las facturas afectan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En concreto, casi 63.500 son de pymes y 50.259 de trabajadores autónomos.
A partir de ahora, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad con el que hacer frente a la devolución de los créditos que pedirán dentro del plan de pago a proveedores.
MEDIDA "HISTÓRICA Y ÚNICA"
Para la vicepresidenta del Gobierno, este mecanismo de pago, en el que participarán la mayoría de los bancos españoles así como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "va a ayudar" a que las pymes y autónomos "tengan liquidez y puedan mantener su actividad económica y nivel de empleo".
Pero además, ha hecho hincapié en que esta medida es "histórica y única" porque no se va a repetir, ya que la intención del Gobierno con el mecanismo de pago es que los ayuntamientos y comunidades autónomas salden su deuda con los proveedores y a partir de ahí ser responsables en su gestión.
"Las administraciones públicas tienen que pagar lo que deben, ser creíbles. El Estado ha hecho un esfuerzo, pero punto y final", ha advertido la vicepresidenta, quien ha recordado a entidades locales y comunidades autónomas que deberán acogerse a la futura ley de transparencia que establecerá una "responsabilidad administrativa e incluso penal para los gestores que pongan a las administraciones públicas en dificultades de viabilidad".
