En este sentido, el texto de la citada tasa indica que se establecen unos máximos correctores de 200 euros para edificios de hasta 500 metros cuadrados, de 350 euros para los de hasta 1.000 metros cuadrados, 1.000 euros para los de hasta 5.000 metros cuadrados y de 3.000 euros para los de más de 5.000 metros cuadrados. Así, el Ayuntamiento apunta a que se producirán unos ingresos de 200.000 euros anuales, mientras que el PSOE estima que si la totalidad de las viviendas llamadas a realizar la ITE la llevaran a cabo los ingresos alcanzarían los ocho millones de euros.
Para Espadas, esta tasa supone que los sevillanos además de afrontar los gastos de contratar a un arquitecto para que analice el inmueble y pagar las obras necesarias posteriores, ahora tendrán también que abonar mínimo 100 euros al Ayuntamiento. Además, recuerda que actualmente habría unas 30.000 viviendas en la ciudad que deberían pasar esta ITE y que en julio de 2011 se anunció una prórroga de un año para que no tuvieran que pasarla y afrontar este gasto ante la actual coyuntura, una prórroga que el PSOE pide que se apruebe de nuevo en julio de 2012.
Así, advierte de que afectaría en mayor medida a las zonas desfavorecidas y subraya que la media de pago por inmueble, teniendo en cuenta las características de las viviendas de la zona, se sitúa en 421 euros en el Distrito Macarena, 398 euros en Nervión, 274 euros en Casco Antiguo o 160 euros en Cerro Amate. "Antes se aprobó una prórroga y ahora no sólo se quita, sino que encima se atraca al ciudadano con una tasa", sentencia, tras advertir de que es "inasumible para las familias este nuevo sobrecoste con la única justificación de mejorar los ingresos".
UNA MEDIDA QUE YA FUNCIONA A NIVEL REGIONAL
Espadas ha advertido a Zoido que el problema de la vivienda en la ciudad, con 12.000 demandantes inscritos en el registro municipal, "no desaparece con darle la espalda" y se ha preguntado qué ha estado haciendo la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, en este año de gobierno del PP. Así, se ha mostrado "preocupado" por la "inactividad" del equipo de gobierno, especialmente, en los barrios desfavorecidos de la ciudad.
PSOE lleva a Pleno una propuesta surgida como consecuencia del planteamiento del problema de los vecinos de las 83 vivienda del núcleo de Torregrosa en Torreblanca a los que Emvisesa les ha propuesto la compra de las viviendas que tienen alquiladas pero que carecen de financiación suficiente para afrontar la adquisición. En este sentido, Espadas propone para estos y otros vecinos en similares circunstancias una solución puesta ya en marcha en la Junta de Andalucía, donde el portavoz socialista fue consejero de Vivienda, como es la firma de un convenio por parte de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) con entidades financieras para facilitar el crédito en mejores condiciones que si se hiciera de modo individual, un convenio que indica que la Administración regional va a renovar.
Ahora, plantea que sea Emvisesa la que realice este convenio, constituyéndose como avalista de los arrendatarios para que realicen la compra y donde la garantía sería el propio inmueble, lo que "no supone riesgos" para las entidades bancarias, ya que si hubiera impago el inmueble volvería a la empresa municipal. De este modo, el Ayuntamiento "dejaría sus obligaciones con esas viviendas y la familia seguiría arraigada en el barrio".
PAGO DE NO MÁS DE UN 50% DEL ALQUILER
Así, Espadas propone que el pago mensual por la compra no sea más de un 50 por ciento superior a lo que ahora paga por el alquiler y que se reduzca del precio total hasta un diez por ciento en función del estado de conservación de la vivienda, hasta un tres por ciento atendiendo a la regularidad en el abono de los alquileres y hasta un diez por ciento de las cantidades de arrendamiento que ya se hayan abonado, teniendo consideración de pago del precio de la vivienda. Además, insta a que el Ayuntamiento ajuste la tasación del precio de la vivienda, para que sea el valor que realmente se firma con las entidades.
"Hasta que no se suscriba el acuerdo, no comenzaría a contar el plazo de seis meses que legalmente tienen los arrendatarios para ejercer su derecho de opción a compra", añade.
Además, la propuesta que se elevará al Pleno recoge que el Ayuntamiento realice en seis meses un estudio para determinar cuantas viviendas, propiedad municipal y en régimen de alquiler, son susceptibles de ofertar en venta a sus actuales arrendatarios y ocupantes, con objeto de suscribir un acuerdo con entidades financieras de las mismas características del anteriormente propuesto.
