Acusan a Zoido de urgir estrategias para justificar privatizaciones

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, alertó ayer de que el Gobierno municipal que encabeza el popular Juan Ignacio Zoido pretende utilizar la tasa cero de reposición de efectivos, recogida en el plan de ajuste acordado para la Administración local, con el fin de justificar una progresiva política de externalización de servicios públicos. Igualmente, avisa de que el Gobierno local está soslayando la negociación colectiva y se limita a “acuerdos puntuales” con los trabajadores de determinados servicios o empresas municipales, en un trato “discriminatorio” para el resto de empleados.

Espadas se reunió este miércoles con el comité de empresa del Ayuntamiento , al objeto de debatir las principales problemáticas que sufre la plantilla del Consistorio. La reunión, como explicó, estuvo especialmente centrada en la aplicación del plan de ajuste promovido por el Gobierno municipal del PP para acogerse a las medidas de financiación ofrecidas por el Estado para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores.

Porque este plan, como había anunciado la delegada municipal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, contempla para la plantilla del Ayuntamiento una ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, una “tasa cero” de reposición de efectivos salvo en servicios esenciales, reducciones salariales en Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), la empresa de limpieza urbana Lipasam y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y las disoluciones de la sociedad municipal ‘DeSevilla Giralda TV’ y de la agencia de desarrollo económico ‘Sevilla Global’.

El plan, además, suprime la aplicación del convenio colectivo del propio Ayuntamiento para el personal contratado con cargo a programas asumidos por la Administración local pero ajenos a ella en su génesis o financiación.
A tal efecto, Juan Espadas explicó que la “interpretación exhaustiva del principio de tasa cero de reposición de efectivos, que admite lecturas legales, implica efectos en la prestación de determinados servicios públicos que se resienten enormemente” a cuenta de las carencias de personal. “Con esta interpretación, alguien planteará concursos públicos para contratar la prestación de estos servicios bajo la falsa premisa de que así es más barato o eficiente”, señaló.