La exalcaldesa de Jerez y secretaria general del PSOE, Pilar Sánchez, ha llevado al Ayuntamiento al Juzgado de lo Contencioso Administrativo por "denegarle" un abogado para defenderla en los dos casos en los que está imputada por su gestión al frente de la Alcaldía (2005-2011).
En declaraciones, la exregidora socialista ha dejado claro que "no he pedido que se me pague nada", sino que se le "facilitara" una defensa desde el Consistorio jerezano, lo cual ha rechazado la Junta de Gobierno Local que preside la alcaldesa 'popular' María José García-Pelayo. Considera que, de esta manera, se ha "denegado mi derecho de defensa" tras abandonar la Alcaldía en los casos del PTA y de los asesores, reprochando que esto "no se ha hecho con ningún alcalde del mundo".
En este sentido, se ha quejado de que "no les gusta facilitarme abogado para mi defensa", una petición que, a su parecer, "no es algo generoso, sino de justicia". Además, ha considerado "normal" que quiera mantener "el mismo letrado" de la asesoría jurídica que le venía asistiendo en la defensa de los procedimientos judiciales abiertos contra su persona, "porque está relacionado con mi gestión y quién mejor que él que conoce todos los entresijos del caso".
Asimismo, ha defendido que a los anteriores alcaldes en el Ayuntamiento de Jerez --por Pedro Pacheco (PSA) y María José García-Pelayo-- desde el Consistorio "siempre se le facilitaba la defensa". Así las cosas, ha deseado a la actual alcaldesa que "no lo necesite en el futuro", después de insistir en que "no he exigido que se me pagara nada".
A este respecto, en el recurso interpuesto en los juzgados contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, pide que se anule dicho acuerdo y, en su defecto, que el Consistorio jerezano abone los gastos derivados de los abogados que le asistan a partir de ahora en su defensa.
En la actualidad, Sánchez tiene dos causas abiertas por el 'caso del PTA' y el 'caso de los asesores", estando imputada en presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación, a los que habría que sumar otros dos supuestos delitos de falsedad y prevaricación.
