La plantilla municipal se enfrenta este jueves al peor escenario posible: en el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local aprobará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el inicio del procedimiento de modificación parcial del convenio colectivo; en la Delegación de Personal, Deloitte traslada al comité la relación de 300 trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La plantilla está convocada a expresar su descontento en un sitio y otro, desde primeras horas de la mañana.
La presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo (CGT), lamentó que el Gobierno local esté dispuesto a infringir “tres puñaladas” a la plantilla en una misma jornada, censurando la falta de información sobre la RPT y el convenio. “No tenemos ni idea de lo que van a aprobar, porque no nos han dado documentación. Habíamos pedido que en la RPT se reflejara cómo iban a quedar los servicios con 300 trabajadores menos, pero no nos han presentado nada”, explicó Calvillo.
Tampoco se sabe a ciencia cierta “qué van a modificar del convenio”, aunque el Gobierno ha advertido por activa y por pasiva en estos últimos meses que su objetivo era aminorar el coste de personal en unos diez millones de euros.
Con independencia de la protesta prevista para este jueves, el comité de empresa y la junta de personal tienen previsto reunirse el próximo lunes para plantear movilizaciones y estudiar una estrategia común, sobre todo encaminada a tratar de impugnar en los juzgados el despido colectivo.
El Gobierno local, por su parte, ha recordado que la RPT se aprueba después de 26 convocatorias de la Mesa General de Negociación Conjunta, si bien “la falta de asistencia de la mayoría de las sección sindicales en las últimas sesiones ha impedido” que hubiera quórum para su celebración y se haya podido avanzar en la negociación, algo que ya había ocurrido en el inicio de las conversaciones.
El Ejecutivo deja claro en todo caso que el documento se mantendrá “vivo” una vez aprobado, de modo que puedan introducirse las “correcciones” que se estimen oportunas. El Gobierno recuerda que la aprobación de la RPT era uno de sus “principales compromisos”, después de que en la anterior legislatura el PSOE dejara “en el cajón” un documento que “nunca vio la luz”.
La RPT establece -según el Gobierno- los elementos necesarios para objetivar las retribuciones complementarias (complemento específico y complemento de destino), aportando el manual de valoración de los mismos con los factores que se han considerado pertinentes y teniendo en cuenta las condiciones particulares de los puestos de trabajo en cada ámbito de gestión pública. Se establecen por tanto siete factores: dificultad técnica, responsabilidad por trabajo de otros y propio, penosidad, dedicación, experiencia, conocimiento y autonomía.
Con este documento se persigue “acabar con las gravísimas disfunciones existentes en la organización y con los agravios comparativos entre empleados municipales que aún realizando funciones similares son remunerados de manera diferente”. “Asimismo, pone fin a que empleados de categorías inferiores perciban retribuciones muy por encima de quienes ocupan niveles superiores e incluso de sus jefes inmediatos”, añade el Ejecutivo.
La RPT, además, “acaba con la discrecionalidad en los nombramientos, siendo el concurso de méritos el criterio general para todos los puestos de trabajo y quedando vigente la libre designación como mecanismo excepcional para cubrir puestos directivos y aquellos que impliquen una relación de confianza”.
