La crisis no da tregua y sigue castigando con dureza a la provincia gaditana. El número de ejecuciones hipotecarias presentadas durante el primer trimestre de 2012 sigue manteniéndose en lo más alto, llegando a 577, tres menos que en el mismo periodo de 2011, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. La cuenta es bastante sencilla, seis familias gaditanas pierden su vivienda cada día por impago.
Si la tendencia se confirma, el año terminará con cerca de 2.000 ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados gaditanos. A pesar de todo, la cifra más alta se registró en 2009, cuando se llegó a las 2.180.
A nivel nacional, entre 2007 y el primer trimestre de 2012, el número de procedimientos ejecutorios iniciados por impago de hipoteca ha afectado a más de 374.230 familias. Teniendo en cuenta que cada familia cuenta con varios miembros y que cada ejecución suele llevarse por delante la vivienda de los avalistas, generalmente padres y personas allegadas, los datos del poder judicial representan una auténtica lacra. El ránquing de ejecuciones hipotecarias (2007-primer trimestre de 2012) lo encabeza Andalucía (72.900) seguida muy de cerca por Cataluña (70.663) y la Comunidad Valenciana (69.951). El ranquing de ejecuciones por provincias lo encabeza Barcelona (41.731) , Madrid (40.123) y Alicante (32.228).
Vía judicial
Una de las vías en la que más hincapié hacen las abogados ahora para intentar frenar un desahucio son los tratados internacionales firmados por el Estado, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que se debe garantizar el derecho a la vivienda y que están prohibidos los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional.
Otra brecha jurídica tiene que ver con el procedimiento de ejecución extrajudicial, declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en 1998, pero que CiU volvió a introducir en 2000 con otro nombre: Venta extrajudicial. A través de esta, el banco puede quedarse con el piso al 60 por ciento del valor al que él mismo lo tasó y aceptó en el momento de la firma, si nadie lo compra en la subasta pública a su precio original, lo que, en estos tiempos, no suele ocurrir. El 40 por ciento restante lo tiene que pagar el propietario al que le han quitado la vivienda.
Hasta el día de hoy han aparecido algunas sentencias pioneras con varias de estas estrategias. Unas vías que se seguirán explotando hasta que se pueda y que al fin y al cabo sirven para interpretar la ley de manera más acorde a la nueva realidad social, en la que muchos trabajadores, por razones ajenas a su voluntad, se ven ante la imposibilidad de hacer frente a la cuota hipotecaria.
Desahucios
Estos procesos, que fundamentalmente afectan a viviendas, son solicitados en muchas ocasiones por las entidades financieras después de llevar a cabo una ejecución hipotecaria por el impago de la hipoteca y en otros casos por la falta de abono de los alquileres. En el último trimestre del año pasado, los juzgados españoles ya acogieron 15.347 solicitudes de desahucio, lo que revela una cierta aceleración en este tipo de procesos. En términos porcentuales, el panorama cambia sensiblemente, pues el número de desahucios creció con mayor fuerza en el País Vasco (47%), seguido de Extremadura (37,9%), Comunidad Valenciana (34,4 %), y Castilla y León, con un alza del 33,8%.
A raíz del aumento desmesurado de los desahucios han ido surgiendo diversas plataformas ciudadanas para frenarlos. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que sólo se moviliza en los casos que impliquen viviendas habitadas y únicas, y si la causa de impago sea sobrevenida o involuntaria.
Recogen firmas para que se suavicen los requisitos
En sólo tres meses, el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social ha recogido 280.000 firmas para conseguir el cambio de la legislación hipotecaria. El grupo promotor de la ILP está formado por CCCO, la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), EAPN-ES (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión social), del Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la UGT.
El pasado 23 de abril empezó oficialmente la recogida de las 500.000 firmas necesarias en todo el Estado para que la ILP sea admitida en el Congreso de los Diputados, pero el grupo promotor espera recoger muchas más, debido al clamor social que existe en España ante la injusticia del sistema financiero e hipotecario, que se está cobrando un número indecente de víctimas en forma de familias desahuciadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2011 se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de desahucios son Andalucía (68.053), Cataluña (65.670) y la Comunidad Valenciana (65.220).
Esta ILP propone un cambio en la legislación hipotecaria con el fin de regular la dación en pago –que con lo entrega de la vivienda se cancele la deuda hipotecaria- con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Por primera vez en España, también se puede firmar y hacerse fedatario -personas que dan fe de la autenticidad de las firmas- de la ILP de manera online, a través del web www.quenotehipotequenlavida.org. Hasta el momento se han acreditado como fedatarios de la ILP más de 3.000 personas en todo el Estado.
El plazo para recoger firmas finaliza el próximo mes de octubre, por eso las entidades promotoras de la ILP piden a toda la ciudadanía su implicación y la suma del máximo de esfuerzos para superar las 500.000 firmas antes de esta fecha y presentar con mucha más fuerza la propuesta de modificación legislativa al Congreso de los Diputados.
No está todo hecho
La dación en pago no suele tener coste, ya que en muchas ocasiones es el propio banco quien, consciente de la situación del hipotecado, asume los costes de la operación (incluso se pueden hacer cargo del IBI y otros gastos). Pero para Hacienda queda un tema por resolver: el valor de transmisión del inmueble. A efectos fiscales es como si se hubiese vendido la casa por más valor, solo que, en vez de a cambio de dinero, ha sido a cambio de que el banco perdone la deuda.
El importe a pagar a Hacienda puede representar varios miles de euros. Se calcula mediante una resta: el precio de “venta” (hipoteca pendiente + intereses de demora + comisiones por impago + gastos judiciales… = el precio al que el banco “compra” la vivienda) menos el precio de compra, la cantidad que costó al hipotecado la vivienda inicialmente. Y al resultado se le multiplica por el porcentaje que marque el impuesto de plusvalía (diferente según la comunidad). La cifra resultante es a tener en cuenta, ya que como mínimo suele superar los 15.000 euros. Además, cuanto más tarde el banco en firmar la dación en pago, más gastos y comisiones de impago se acumula y más cara sale la operación.
Del pago a Hacienda sólo estan exentos los mayores de 65 años cuya vivienda embargada sea su vivienda habitual, las personas en riesgo de exlusión social que cumplan los requisitos aprobados por el Código de Buenas Prácticas Bancarias (las señaladas en la noticia superior). En el resto de los casos, saldrá menos a pagar cuanto más capital de la hipoteca se haya amortizado.
Cádiz sigue siendo la ciudad más cara de Andalucía
El precio medio de la vivienda de segunda mano en Cádiz ha desendido un 1,6 por ciento en el mes de julio, lo que sitúa su valor en 2.479 euros por metro cuadrado, según los datos del portal inmobiliario fotocasa.es. A pesar de que los precios han bajado levemente, la capital gaditana sigue siendo la ciudad más cara de la comunidad autónoma.
De esta forma, Andalucía es la sexta comunidad autónoma con los precios más baratos, solo superada por Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. En la parte alta de la tabla se sitúan País Vasco, Madrid y Cataluña.
El municipio que registra la caída de precios más acentuada es Rincón de la Victoria (Málaga), con un descenso de 5,4 por ciento, seguida por Chiclana de la Frontera con un 4,8 por ciento y La Zubia (Granada) con un 4,0 por ciento.
En cuanto a las ciudades más baratas, lidera el ranking de la comunidad andaluza en el mes de julio el municipio granadino de Las Gabias, que cae un 2,7 por ciento hasta situarse en 1.158 euros por metro cuadrado, y le sigue Atarfe (-2,5 por ciento) y Churriana de la Vega (-2,7 por ciento) con un precio medio por metro cuadrado de 1.173 euros y 1.176 euros.
