El movimiento 15-M informó ayer de que mantendrá un dispositivo de vigilancia en un edificio de la calle Feria de la capital hispalense, ocupado por varias familias, para evitar de forma “pacífica” que se lleve a cabo su desalojo, ya que desde el lunes cuenta con una orden judicial.
El edificio fue ocupado el 30 de agosto por varias familias, alentadas por el 15-M, que lo rebautizaron como Corrala La Alegría y alegaron que se trata de un inmueble propiedad de Bankia, lo que negó la empresa propietaria, que ya había iniciado trabajos para reconvertirlo en un hostal. La juez de instrucción 13 de Sevilla ordenó el lunes a la Policía que desaloje el edificio, aunque después de una noche “intensa” la actuación de los cuerpos de seguridad no se produjo.
Aunque han indicado que son conscientes de “lo difícil que será frenar el desalojo”, el movimiento ha asegurado que será “aún más difícil que las autoridades puedan evitar que estas u otras familias que han padecido la crisis se realojen en los numerosos inmuebles vacíos”.
La vigilancia se mantendrá activa, manteniendo la “alarma constante”, a la espera de que la Policía Nacional pueda aparecer en cualquier momento para llevar a cabo el desalojo, añadieron.
Asimismo, han denunciado la “premura” con la que ha actuado la Justicia “para defender los derechos de las personas acaudaladas” y han denunciado la “pasmosa lentitud” que se produce en otros casos, “sobre todo cuando se trata de juzgar a políticos y personajes públicos implicados en grandes estafas y casos de corrupción”.
Para conseguir la orden judicial, la empresa propietaria del inmueble alegó a la juez que la “ilícita actuación” de las familias había derivado en perjuicios para ella, tanto al verse privada de la posesión como al proyectar a la opinión pública una “imagen de insolvencia, de incumplimiento de sus compromisos con los bancos y desprestigio comercial”.
