El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe (Granada) ha acordado abrir diligencias para investigar la posible falsedad de unas facturas presentadas por el Ayuntamiento de Otura para el plan de pago a proveedores del Gobierno, unas supuestas irregularidades que fueron denunciadas por seis de los ocho concejales del equipo de gobierno, del PP, y que derivaron en la dimisión del entonces alcalde, el también 'popular' Ignacio Fernández-Sanz.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, tras analizar la denuncia, la magistrada Gema Quintanilla entiende que puede haber indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso y deberá concretar en los próximos días las imputaciones y las declaraciones de los supuestamente implicados, entre los que podría estar el exregidor.
El caso recayó en un principio en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que, al comprobar que se circunscribían al municipio de Otura, se inhibió a favor del juzgado de Santa Fe, que ahora ha aceptado el asunto abriendo diligencias de investigación penal.
La denuncia de los concejales del PP llevó aparejada una serie de discrepancias con Fernández-Sanz, que finalmente anunció su dimisión aunque aludiendo a motivos de salud, después de que todo su equipo de gobierno decidiera abandonar sus responsabilidades municipales.
En el documento que presentaron en los juzgados sus seis concejales, entre los que se encontraba el entonces edil de Economía y Hacienda y ahora alcalde, Pedro Cabanillas, relataban que el Ayuntamiento abonó 178.000 euros a tres empresas con cargo a la segunda fase del plan que puso en marcha el Gobierno para el pago a proveedores supuestamente falsificadas o duplicadas, tal y como informa este miércoles el diario 'Ideal', que avanza la noticia.
En el caso se ha personado como acusación particular el PSOE, que ha solicitado que se tome declaración en calidad de imputado a Fernández-Sanz, y con el objetivo de conocer "el destino de cada céntimo de euro del Ayuntamiento", según aseguró el pasado 31 de octubre el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Noel López.
