La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha confirmado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que Laboratorios Pérez Giménez no podía despedir a empleados al haber recibido ayudas de la Administración autonómica condicionadas al mantenimiento del empleo en dicha farmacéutica, radicada en Almodóvar del Río (Córdoba).
Chamizo ha recibido esta respuesta por escrito de la Junta, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, ante una queda del sindicato CTA por el despido de una quincena de empleados de los laboratorios, le pidiera a la Administración autonómica explicaciones al respecto.
En concreto, según la respuesta de la Junta a Chamizo, la Administración autonómica aprobó la concesión de un incentivo directo de 5,9 millones de euros, que incluía un préstamo con fondos del Banco Europeo de Inversiones por valor de 2,5 millones, con una bonificación de intereses por un valor cercano a los 600.000 euros. Pues bien, según ha detallado la Junta, "la Agencia IDEA, en efecto, estableció como condición para una serie de ayudas concedidas a Laboratorios Pérez Giménez la obligación de mantener el empleo existente a la fecha de solicitud de dichas ayudas (9/06/2006) hasta cinco años después de la fecha del cobro del incentivo, que tuvo lugar el 19/05/2009".
Por tanto, según subraya la Junta, "la empresa tenía la obligación de mantener la totalidad del empleo que tenia en junio de 2006 hasta el dia 19/05/2014, estando dicha obligación garantizada con las propias instalaciones de los laboratorios y trabada dicha carga debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, como afección al terreno y al edificio donde se asienta la empresa en sus instalaciones de Almodóvar del Río".
Concluye el escrito de la Junta alegando que, "a la vista de la situación públicamente conocida de concurso de acreedores en que se halla la empresa, el expediente se encuentra en este momento en fase de seguimiento, en la cual tras las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento o incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas en su día en la resolución de concesión, la Agencia IDEA procedería a actuar como correspondiera en Derecho contra la empresa en su caso".
REACCIÓN DE CTA
A raíz de esta respuesta de la Junta a Chamizo, tras la queja presentada por CTA al Defensor del Pueblo Andaluz, dicho sindicato, según ha informado a Europa Press, se dirigirá al Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que tramita el concurso de Pérez Giménez, "para que en la pieza separada de calificación del concurso de acreedores voluntario, promovido por Sergio Martínez Escobar, se delimiten las responsabilidades civiles subsidiarias y las penales a las que hubiera lugar", una vez comprobado el hecho de que se produjeron "los despidos de 15 trabajadores, en su mayoría vinculados a CTA", por parte del administrador único de la empresa, Sergio Martínez Escobar, en febrero de 2012.
Así mismo CTA exigirá ante el Juzgado que también se determinen "las presuntas responsabilidades" en las que hubieran podido incurrir responsables de la Junta de Andalucía en relación con "la diligencia debida que, como Administración", le correspondía "para requerir y hacer cumplir el convenio de colaboración que se firmó por parte de la dirección de la empresa, con objeto de acceder a esa subvención de 2,5 millones de euros vincula al mantenimiento del empleo".
CTA considera que estas subvenciones "también vinculan a las decisiones que adopten los administradores concursales actuales y, por lo tanto, que estos están obligados a mantener el empleo, por lo que no es de recibo la presentación de ningún expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo".
