El Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) ha aprobado este martes, con mayoría absoluta (36 de los 71 miembros), el inicio del expediente de liquidación de la entidad, el siguiente paso a dar después de que en julio del año pasado, los representantes del Plenario decidieran también por unanimidad que el organismo estaba incapacitado para ejercer las funciones por las que había sido creado. En otras palabras: un caos económico motivado por una más que criticada gestión había conducido a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir a un callejón sin salida. Una comisión liquidadora cerró en el mes de abril el pasivo de la entidad: 52 millones de euros, 9 mil millones de las antiguas pesetas que se repartirán entre los once municipios miembros en función de las cuotas de participación de cada uno. De esta cantidad, unos 8 millones corresponden a la deuda que los ayuntamientos mantienen con la Mancomunidad y, el resto, 44 millones de euros, se refieren a las deudas con proveedores, trabajadores, bancos, Hacienda, diputaciones o Junta de Andalucía.
Dar una pronta solución a los trabajadores y proveedores que viven pendientes del proceso de disolución de la entidad fue el argumento esgrimido por los representantes del Partido Socialista, Partido Andalucista e Izquierda Unida para votar a favor del expediente. En contra, los representantes del Partido Popular y los concejales de PSOE y PA de Sanlúcar de Barrameda, quienes rompieron la disciplina de voto de su partido para "defender los intereses de los ciudadanos de Sanlúcar". El Ayuntamiento de Sanlúcar ya había manifestado con anterioridad su oposición a este reparto. "No estamos de acuerdo con el pasivo que se ha atribuido a Sanlúcar (...) queremos que se realice una liquidación por separado", argumentaba explicando su voto negativo la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, minutos antes de abandonar la sala consciente de haber heredado el mayor 'marrón' del Bajo Guadalquivir. La ciudad de la Manzanilla es, no en vano, a la que mayor deuda le corresponde: 14, 3 millones de euros del total de 52 millones que ha determinado la comisión liquidadora del ente. Tan sólo los concejales de IU en Sanlúcar acataron la decisión de su partido y aprobaron una liquidación que supondrá el caos económico para el Consistorio sanluqueño y para los otros diez ayuntamientos de las provincias de Cádiz y Sevilla integrados en un organismo sobre el que la Cámara de Cuentas puso el punto de mira hace ahora tres años. Sobre esa auditoría se manifestó la alcaldesa de Lebrija y presidenta de la MMBG, María José Fernández, para afirmar que en aquel informe la Cámara de Cuentas advertía que no había podido ahondar en su inspección al no habérsele facilitado la suficiente documentación", más argumentos a favor de aquellos que manifestaron estar votando unas "cuentas ficticias", como el portavoz del grupo andalucista y alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, pese a lo que votó a favor del expediente.
Las dudas sobre la idoneidad de la liquidación planearon durante una sesión que se prolongó algo más de dos horas -con un retraso en su inicio de más de media hora por la negociación que mantuvieron los miembros del grupo socialista y que finalmente no pudo ocultar la división en sus filas - y en la que los representantes de los municipios mancomunados quisieron hacer especial hincapié en la necesidad de separar entre la responsabilidad política en la toma de decisiones y la responsabilidad en la que se ha evidenciado como una nefasta gestión. Y es que los nueve puntos que dan cobertura al inicio de la liquidación del organismo incluyeron también la solicitud al Tribunal de Cuentas de la fiscalización de los estados contables de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir para depurar las responsabilidades técnicas y políticas. "Cuando se pide una subvención se pide para que se gestione bien, y lo que se votaba en la comisión de Gobierno era pedir esta subvención, no su gestión", precisó el alcalde de Los Palacios y representante de Izquierda Unida, Juan Manuel Valle.
El expediente para la liquidación incluyó además una enmienda en la que los Ayuntamientos instan a la Consejería de Economía y Hacienda arbitre las medidas necesarias para que los ayuntamientos mancomunados no pongan en peligro su supervivencia al asumir esta millonaria deuda. La medida no es más que un intento de acudir pidiendo auxilio a otras administraciones y evitar la quiebra que supondría para los consistorios mancomunados asumir la deuda planteada.
El paso dado este martes evidenció el fin del 'café para todos', la expresión con la que en tiempos de bonanza los miembros de la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad, repartían las subvenciones que llegaban cargadas de promesas para el desarrollo socioeconómico de la comarca del Bajo Guadalquivir. Ahora este expediente de liquidación será sometido a información pública durante un periodo de 30 días en el que se podrán presentar alegaciones. Después, habrá que convocar de nuevo a los representantes de los ayuntamientos mancomunados para votar la liquidación definitiva. Y seguramente después, lleguen las anunciadas denuncias en los juzgados, lo que podría dilatar el proceso más allá de las siguientes elecciones municipales.
