El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Málaga ha dado la razón al Grupo Municipal del PSOE dictaminando una sentencia a favor de un vecino de Torremolinos, determinando que se le practique una nueva liquidación conforme a la Ordenanza nº28 en vigor el 1 de enero de 2012, con devolución del exceso respecto de lo ya abonado e intereses correspondientes.
Fue en julio de 2012 cuando entró en vigor la subida del IBI y el alcalde, Pedro Fernández Montes, “aprobó dicho aumento en la ordenanza que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles y emitió los recibos de forma retroactiva, cuando se trata de un impuesto anual y como afirma el juez en la sentencia dicha modificación no se podía aplicar hasta el 2013”, afirma el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, José Ortiz.
Según la doctrina del Tribunal Supremo no puede admitirse la retroactividad de grado máximo en este supuesto, ya que no es posible ignorar ni el significado y alcance del devengo y el periodo impositivo en los impuestos en general, ni en el IBI, en particular.
Para el portavoz socialista más grave es aún que la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Torremolinos “ignore, como ha hecho, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al presente ejercicio se devengó el día 1 de enero de 2012, de tal forma que cualquier modificación que se pretenda introducir en la Ordenanza que regula este impuesto tan solo podrá hacerse efectiva en el período impositivo siguiente, es decir, a partir del día 1 de enero de 2013”.
En la primera sentencia que ha salido sobre el caso, el juez ha entendido que las liquidaciones de los recibos de 2012 son ilegales, puesto que mediante las mismas, se otorgó a la nueva ordenanza fiscal sobre el IBI una retroactividad contraria a la ley “por cuanto afectaría a un periodo impositivo en el que el tributo ya se ha devengado, y consiguientemente a obligaciones tributarias nacidas a día 1 de enero de 2012”.
“Un hecho histórico y muy importante que la justicia nos haya dado la razón y, que haya merecido la pena haber atendido a más de 400 vecinos en nuestra oficina, que confiando en nuestro argumentación, muchos de ellos se animaran a denunciar al Ayuntamiento en los tribunales a través de una plataforma vecinal”, apunta Ortiz.
El líder socialista también ha anunciado que, junto a Izquierda Unida, tiene interpuesto un contencioso-administrativo contra el consistorio en el que ambos partidos exigen la nulidad de la ordenanza “porque una vez más el PP actúa contrario a lo que dicen las normas y utilizando la prevaricación en el cobro del IBI”, señala Ortiz que también adelanta que si los juzgados nos dieran la razón, “dando por nulo derecho la aplicación del impuesto, el Ayuntamiento de Torremolinos tendría que devolverle a todos los contribuyentes el aumento del recibo y los intereses de demora”.
