El Partido Popular ha asegurado que el rechazo del grupo parlamentario del Partido Socialista a que el Ayuntamiento de Marbella suscriba un nuevo convenio con la Junta para el pago del anticipo reintegrable y que suponga la revisión de los plazos de amortización “es una grave irresponsabilidad que pone en serio peligro la viabilidad” del municipio.
La enmienda, planteada por el grupo parlamentario del PP, pretendía abrir una nueva puerta a la negociación del pago de los cien millones de euros que la Junta prestó a la Comisión Gestora, tras la disolución del Consistorio y pese a que el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, reconoció públicamente que durante la “Era GIL” se había dejado de invertir dicha cantidad en la localidad. El Ayuntamiento, ha subrayado Díaz, “paga y quiere pagar la deuda heredada pero es vital un calendario de pagos que no asfixie al Consistorio y ponga en peligro los servicios públicos que presta a los ciudadanos”.
El parlamentario andaluz ha calificado de “escandalosamente insultante y de auténtico menosprecio” a los ciudadanos el que el portavoz del Partido Socialista de Marbella y parlamentario andaluz, José Bernal, haya votado en contra de una propuesta que contaba con el beneplácito de las federaciones vecinales del municipio.
Al Partido Socialista “no le importa lo más mínimo la especial necesidad que tiene Marbella de suscribir un acuerdo a largo plazo para mayor seguridad y estabilidad del municipio”. Tal y como ha sucedido, ha recordado Díaz, con la deuda heredada en materia de Seguridad Social y Hacienda, al acceder el Gobierno Central del PP a la petición formulada del ejecutivo local de Ángeles Muñoz a disponer de un plazo de cuarenta años para pagar el débito al uno por ciento de interés.
José Eduardo Díaz ha instado a José Bernal a que dé una explicación “sólida y contundente” a su negativa a que la Junta renegocie con el Consistorio porque, ha apuntado, “los ciudadanos van a ser quienes se la exijan, porque no van a entender” como pretende que el Ayuntamiento haga frente al pago de 17 millones de euros para el año que viene; 22 millones de euros para 2015, 26 millones de euros para 2016 y para 2017 casi 31 millones de euros.
Asimismo, se ha lamentado del “espectáculo bochornoso” que el parlamentario del PSOE ha protagonizado en el Parlamento “arrogándose la presencia de colectivos cuando tan sólo tenía afiliados que le han acompañado”.
Es una “desvergüenza que este señor continúe manchando el nombre de Marbella e intente dar lecciones de honestidad cuando es Isabel García Marcos, durante quince años número uno de su partido, la que está condenada y en la cárcel por el Caso Malaya”.
Y especialmente “hiriente y patético”, ha aseverado el parlamentario popular, que “intente presentarse como salvador” cuando fue su partido en el Gobierno socialista de la Junta el que pidió al juez instructor del caso Malaya en 2006 que la considerase como acusación particular y parte perjudicada.
Petición, ha recordado, que rechazó de llenó el auto del juez, quien concluyó que “La Junta de Andalucía no es parte perjudicada, sino que en atención a sus amplias competencias, en especial en materia de urbanismo, su situación está más próxima al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones de la presente causa”.
Malaya
Por otra parte, el parlamentario andaluz ha reafirmado en la Cámara autonómica, el “férreo y único” posicionamiento que ha mantenido el Partido Popular de Marbella en la defensa de que “todo lo robado y todo lo que se recupere a través de sentencias judiciales venga de vuelta a nuestra ciudad”.
El también concejal del Consistorio marbellí, ha asegurado que, a diferencia del Partido Socialista y de Izquierda Unida que “han ido cambiado, en el PP siempre hemos mantenido la misma opinión, primero en la oposición y después en el Gobierno como demuestra nuestra trayectoria de iniciativas institucionales, judiciales y de movilización ciudadana”.
Todas ellas promovidas por el Partido Popular como la recogida de más de veinte mil firmas de los ciudadanos y sendas iniciativas en el Parlamento en los años 2010 y 2012. Además, el Gobierno del PP al frente de la alcaldía de Marbella también “ha defendido ante los juzgados la devolución de los bienes expoliados y finalmente incluso lo ha tenido en cuenta el tribunal que se ha hecho eco del deseo y la esperanza de los ciudadanos de que el dinero revierta en beneficio de la localidad”.
Es por ello que la formación popular, la única que se mantuvo al margen de la corrupción, “por la responsabilidad y la coherencia que siempre hemos mantenido en la defensa del interés de Marbella”, ha argumentado Díaz, ha votado favor de la Proposición No de Ley planteada en este sentido por el Partido Socialista.
Al respecto ha recordado que ya en 2010, la entonces diputada autonómica y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pidió ante el Parlamento el retorno de los bienes del Caso Malaya a la ciudad y que fue la bancada socialista la que calificó de “oportunista y demagógica” la propuesta que ahora defiende el Partido Socialista. Iniciativa posteriormente bloqueada además por el Gobierno de Zapatero para que no fuese debatida en el Congreso de los Diputados.
El mismo rechazo, ha criticado Díaz, que el Partido Socialista ha brindado a una de las enmiendas que el PP había solicitado incluir en el debate parlamentario de esta tarde y a la que el parlamentario y edil socialista, José Bernal, también se ha opuesto “tumbado a la primera una petición que cuenta con el beneplácito de todo el movimiento vecinal al que está dando la espalda, pese a conocer perfectamente la indignación ciudadana” existente con respecto a la deuda histórica que la Junta mantiene con Marbella.
De ahí que el dirigente popular considere que la propuesta socialista se queda “muy corta y no dota de solidez el futuro de Marbella” porque no contempla las infraestructuras relativas a la educación, la sanidad, la justica y el medio ambiente que continúan pendientes desde hace quince años.
Déficit de equipamientos públicos, ha desgranado el parlamentario José Eduardo Díaz, que se refleja en centros educativos con una media de cuarenta años de media, aulas prefabricadas, falta de institutos y de colegios; un Conservatorio de Música y Danza que no paga la Junta sino el Ayuntamiento; guarderías y comedores que también construye el Ayuntamiento pese a ser responsabilidad del Gobierno autonómico; un hospital cuya ampliación no termina y ambulatorios obsoletos que se han quedado pequeños; juzgados desbordados y sin instalaciones adecuadas; un saneamiento integral que no se ejecuta, limpieza de arroyos, ríos y cauces que no se acomete y planes de ayudas de los que la Junta excluye Marbella como el de Rehabilitación de la Vivienda.
