Un juzgado de Sevilla ha impuesto condenas de hasta un año y medio de cárcel a cuatro personas que defraudaron 7.101.486 euros a la Hacienda Pública mediante una red de compraventa de artículos de bazar y pequeños electrodomésticos.
Una sentencia del juzgado penal 15, a la que ha tenido acceso Efe, explica que los acusados -un marroquí y tres españoles- "urdieron una red de sociedades para simular una actividad económica en virtud de la cual adquirían mercancías que vendían a supuestos clientes establecidos en Portugal, Marruecos y Ceuta".
De este modo, "simulaban haber soportado el IVA en las operaciones nacionales y su derecho a devolución cuando operaban fuera del territorio nacional o Ceuta", según el fallo.
Explica la juez que cada empresa de la trama tenía su función: unas como proveedoras, generando facturas con apariencia de veracidad en las operaciones, otras simulaban comprar sus artículos y otro grupo obtenía las devoluciones y actuaba como proveedoras de otras.
A lo largo de los años 2002 y 2003, los acusados crearon y pusieron al frente de sus 26 empresas a personas de su círculo familiar, vecinal y de amistad, por lo que el juicio se dirigió en principio contra otras 18 personas que han sido absueltas.
Además, en la causa fue acusado un ciudadano chino que se encuentra fugado de la justicia y que había tenido relaciones con el principal condenado, Antonio M.C.
Según la sentencia, una de las empresas de los acusados tuvo un volumen de crecimiento en el primer semestre del 2003 del 347 por ciento en las compras y del 695 por ciento en las ventas intercomunitarias, "sin que dicha situación tenga reflejo ni contable ni financiero".
Ello, unido a la negativa de los transportistas acerca de la realización de los transportes, "nos conduce a negar las compras y las ventas, y por ende a considerar que no hubo IVA soportado", dice la sentencia.
La juez aplica a todos los condenados la atenuante de dilaciones en la administración de justicia, pues la denuncia se presentó en enero del 2004 y hasta dos años después no se citó a declarar al denunciante.
Se trata de un retraso superior al "deseable" que no se justifica por la complejidad de la causa, que se limitó a la aportación de voluminoso informe y documentación por parte de la Agencia Tributaria, explica la juez.
La sentencia condena al marroquí Suresh L.M. y al español Antonio M.C. por tres delitos contra la Hacienda Pública a seis meses de cárcel por cada uno y multa de medio millón de euros, al español Wifredo A.I. a seis meses y al ceutí David R.M. a tres meses de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan en grado de cooperador.
