Durante más de cinco horas se prolongaron las declaraciones de los tres imputados por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Sanlúcar por la concesión de la licencia de obras para la construcción en el año 2003 de la vivienda del entonces alcalde, Juan Rodríguez (PP), fallecido en 2006.
El juez había llamado a declarar en calidad de imputados a un funcionario municipal y a dos técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que en el momento de los hechos trabajaban en el departamento de Licencias. En sus declaraciones, los imputados aclararon su actuación en el caso investigado y señalaron al ex gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Serrano, también imputado por estos hechos, como el responsable último de la concesión de la licencia que, a juicio de los imputados, estaba “perfectamente concedida”. La defensa había barajado plantear la suspensión de las comparecencias al no tener sus clientes información sobre la denuncia , si bien finalmente decidieron declarar para aclarar su papel en el proceso de concesión de la licencia a la vivienda del ex alcalde Juan Rodríguez.
Según ha explicado a este medio el abogado de los imputados, Juan Carlos Gómez Villegas, la licencia concedida al ex alcalde estaba “condicionada” al desarrollo del PERI de La Jara 1, por lo que, en todo caso, el gerente de Urbanismo, que fue quien firmó esa licencia, “debería haber esperado a la modificación del plan parcial”, ya que el suelo donde se construyó la casa estaba calificado como urbano no consolidado. Todos los informes emitidos por los técnicos y que forman parte del expediente que el juzgado solicitó a la GMU para instruir esta causa señalarían ese condicionante de la concesión de la licencia favorable toda vez se desarrollara el Plan Especial de La Jara, que comenzó a tramitarse bajo el mandato de Rodríguez si bien en la actualidad aún no se ha concluido debido a la complejidad del proceso.
Los técnicos explicaron al juez que en los documentos informaron sobre la edificabilidad de la vivienda, si bien “otra cosa distinta es que la obra se iniciara”, señala el letrado. De hecho, a finales de 2004 se levantó acta de infracción por este hecho. En cualquier caso “ninguno de los imputados tenían competencias en la incoación de expedientes de infracción, que dependían del gerente”, tal y como explicaron al juez los técnicos de la GMU.
En 2005, la construcción de la casa de Juan Rodríguez ya fue motivo de polémica, lo que llevó al entonces alcalde en funciones, Rafael Rubio a dar explicaciones públicas, admitiendo la ilegalidad de las obras pero afirmando que “llegaría a ser legal” tras la aprobación en el Pleno del plan especial para la zona de La Jara.
El abogado de los tres imputados solicitará en la próxima comparecencia ante el juez, prevista para el 28 de noviembre, el sobreseimiento del caso, tras no haberse decretado ninguna medida cautelar sobre sus clientes una vez han prestado declaración.
esta semana.
