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Viernes 22/11/2024
 

Campo de Gibraltar

San Roque también acoge una protesta contra la Reforma Local

El equipo de Gobierno se concentra para mostrar su rechazo a la nueva Ley

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  • Concentración -

Autoridades municipales, trabajadores del Ayuntamiento y miembros de varios partidos y colectivos sociales han participado hoy, jueves, en la concentración que ha tenido lugar al mediodía frente a la Casa Consistorial, durante la que se ha leído la “Declaración de Alcaldes/as contra Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Los manifestantes consideran que la ley que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy atenta contra la autonomía local, pretende privatizar servicios públicos y recorta los derechos de los ciudadanos con menos recursos.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, fue el encargado de comenzar y finalizar la lectura del texto, mientras que el resto de los párrafos fueron leídos por las tenientes de alcalde Dolores Marchena y Pilar Núñez así como por diversos funcionarios, laborales y trabajadores de empresas municipales.

En el manifiesto se señala que “el Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento”. Añade que “son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 mas de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias”.

“El ciudadano -prosigue el texto-, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo”.

“El texto del proyecto del gobierno -dice el manifiesto- no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos”.

“Queremos rechazar también y muy enfáticamente -recalcan los alcaldes en el manifiesto- el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna”.

“El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica”, continúa el texto.

“El modelo propuesto por el gobierno -dice el manifiesto- significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno”.

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