Los parlamentarios andaluces de IULV-CA Por Cádiz, Ignacio García e Inmaculada Nieto, han señalado los terrenos e instalaciones de Delphi, Navantia y La Almoraima como algunos de los principales objetivos que se plantean para el año 2014.
En rueda de prensa, García ha señalado que les "preocupa especialmente" la cuestión de la factoría de Delphi, aseverando que las naves "deben seguir en pié" y que IU hará "todo lo que esté en su mano". Entiende que es momento de que las administraciones contacten para que las naves no se derriben.
En cualquier caso, "sin ningún tipo de ánimo partidista", señala que "quien tiene más fácil resolver el problema de manera inmediata, aunque sea de manera provisional, es el PP con esa cuenta corriente que tiene muerta del Consorcio de Las Aletas". Estima que con una "mínima parte" puede adquirir los terrenos, que calcula en "unos siete millones de euros". Así podría "salva las naves, la parte de la urbanización y que convierten a esos terrenos en algo especialmente atractivo".
Por otro lado, señala que es momento de "pedir responsabilidades políticas y de gestión" sobre Navantia, una empresa que "si se continúa en la senda de gestión del PP, se está descapitalizando técnica y humanamente y nos tememos que en breve financieramente". Defiende que Navantia es una empresa competitiva y "alguien tiene que explicar por qué no se está consiguiendo carga de trabajo".
Por su parte, Nieto ha aludido a las iniciativas que va a emprender IU en el Parlamento andaluz en el próximo periodo de sesiones, en especial a las que se llevarán a cabo a raíz de las intenciones del Gobierno central de vender la finca pública de La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera. Para ello, considera que ha llevado a cabo "una maniobra calculada" y se ha ido "dejando morir para venderla al mejor postor".
Recuerda que la Junta ha pedido formalmente que le sean cedidas las competencias para que pudiera explotarse desde Andalucía "sin cobrar ninguna contraprestación". No obstante, dice Nieto que también puede cobrarla "con cargo a la enorme deuda que el Estado mantiene con nuestra comunidad por déficit de inversiones y por el incumplimiento reiterado de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía".
Por tanto, están convencidos de que "hay margen para que La Almoraima siga siendo de titularidad pública, se diversifique en lo productivo, genere la riqueza y el empleo que todos queremos y que el beneficio no se lo lleve ningún especulador ni ningún empresario extranjero que tanto le gustan al ministro", apostilla en alusión al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
