Las cuatro familias (de las ocho iniciales) que ocupaban desde hace algo más de una semana varias de las 220 VPO que la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisesa) edificó en la antigua barriada de Regiones Devastadas, rebautizada como Nuevo Amate, abandonaron ayer de forma voluntaria estas viviendas debido “al acoso y a la presión policial” a la que, según ellos, se han visto sometidas durante los últimos siete días.
Tras recibir el martes la citación judicial por la que este viernes deben comparecer como imputados en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla por un presunto delito de usurpación, denuncia penal que ahora esperan que retire Emvisesa, y a pesar de que la intención inicial era la de permanecer en el inmueble hasta el viernes, finalmente ayer decidieron claudicar en su causa y abandonar la ocupación ya que “de todas maneras si salían a declarar no iban a poder volver a entrar en los pisos” debido a que tanto la Policía Nacional como la Local tenían órdenes municipales de no permitir su retorno.
“No querían abandonar las viviendas hasta el viernes pero la presión psicológica y el agotamiento ha podido con ellos”, señaló a Viva Sevilla Luis de los Santos, abogado del Grupo de Juristas 17 de Marzo y asesor de este colectivo de familias.
“Tenían mucha tensión encima. Muchas de las familias incluso estaban divididas con algún miembro fuera después de salir a llevar a sus niños al colegio o al médico y no poder entrar por impedimento de la Policía. La desesperación y el desánimo les ha pasado factura”, indicó De los Santos, que recordó que el viernes pasado este grupo de familias interpuso una denuncia por coacciones contra la Policía y el Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo, Fiscalía y el juzgado de instrucción.
“La denuncia existe porque la Policía, bajo auspicios del Ayuntamiento, estaba actuando sin una orden judicial, era una orden administrativa”, explicó el abogado, señalando directamente al Consistorio hispalense.
Que se retire la denuncia
Ahora, y una vez que las famias han abandonado de forma voluntaria las VPO, éstas esperan que Emvisesa retire su denuncia penal por usurpación, ya que consideran que “se trata de un asunto social” que debe tratarse con una reunión con el Ayuntamiento para que se les facilite una vivienda social.
A esta petición se unieron ayer los grupos municipales de la oposición, PSOE e IU, que reclamaron al alcalde Juan Ignacio Zoido una pronta actuación.
Para el coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla, José Manuel García, “no tiene sentido” que se siga con esta denuncia. “Lo que toca ahora es que el Ayuntamiento abandone la vía judicial iniciada y se siente de inmediato con estos vecinos para darles una respuesta a su problema lo antes posible”, señaló, insistiendo en que la emergencia habitacional de Sevilla no puede solicionarse mediante “cercos policiales o denuncias ante los tribunales”.
Por su parte, el portavoz de los socialistas, Juan Espadas, pidió soluciones a Zoido. “Debe reaccionar, adjudicar de una vez como principal prioridad las viviendas vacías y realizar acciones urgentes para que no se vuelvan a generar acciones de este tipo”, insistió. Además, Espadas indicó que desde el PSOE se ha intentado ayudar a través del asesoramiento para tramitar adecuadamente esas solicitudes a Emvisesa, “algo que lo tenía que estar haciendo el gobierno”.
Ante estas afirmaciones, el portavoz del gobierno local, Curro Pérez, afirmó que “llama poderosamente la atención ver cómo tanto el PSOE, como IU han pasado de abanderar los desahucios en años anteriores a convertirse ahora en defensores de las ocupaciones ilegales, por lo que les pido un poco de responsabilidad y lealtad institucional en lugar de alentar o justificar actitudes como la ocupación ilegítima de una vivienda pública que muchos sevillanos han solicitado siguiendo los cauces legales”.
