La concejal delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación del Consistorio hispalense, Lola de Pablo-Blanco, ha respondido a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que el Gobierno andaluz no puede pretender que el Ayuntamiento "justifique" simplemente el realojo provisional, en viviendas públicas, de las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales.
Según De Pablo-Blanco, "la Junta de Andalucía no puede pretender ahora que el Ayuntamiento justifique su decisión, que ella tomó de manera unilateral al dar viviendas a algunas familias de la Corrala sí y a otras no, incluso incluyendo en su listado a algunas familias que no fueron ni siquiera desalojadas. Por eso, la actuación del Ayuntamiento siempre es en cumplimiento de los principios de legalidad e igualdad. Por tanto, estamos dispuestos a seguir trabajando pero siempre dentro del marco legal. El realojo es un procedimiento reglado, por lo que la Junta sabrá qué criterios de selección entre las unidades familiares le llevó a la entrega de llaves a dichas familias, por lo que es responsable de las decisiones que tomó en su día".
La concejal ha indicado que "el Ayuntamiento está trabajando desde el primer momento, ya avisamos a todos pero algunos todavía no han acudido y otros presentan limitaciones o restricciones al trabajo de los profesionales de los servicios sociales. Hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido desde hace dos años, pero también hemos tenido muy claro desde el principio que no íbamos a saltarnos la ley".
La delegada de Asuntos Sociales ha afirmado que "si verdaderamente existe esta emergencia para contar con una vivienda, no comprendo por qué rechazaron las viviendas que 'Ibercaja' les ofreció durante la negociación en la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz y por qué rechazaron tras el desalojo los recursos de alojamiento y manutención que ofreció el Ayuntamiento para dar cumplimiento al auto del Juzgado de Instrucción número 3".
