El diputado autonómico del PP de Cádiz y portavoz de Función Pública en el Parlamento andaluz, Rafael Ruiz Canto, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que deje sin efecto la parte que afecta a los empleados públicos de la Ley 3/2012 y que ha supuesto para ellos "una pérdida retributiva acumulada del 35 por ciento desde 2010".
Ruiz Canto ha mantenido este lunes una reunión con los representantes provinciales gaditanos de los sindicatos con representación en la Mesa General de Administraciones públicas y en la Mesa General de Negociación de la Junta, en el marco de la ronda de contactos iniciada la semana pasada con las centrales regionales y que continuará en las distintas provincias. El objetivo del encuentro ha sido analizar la repercusión para el empleo público de la que ha denominado "ley de los recortes en Andalucía".
El diputado 'popular' ha exigido al Gobierno andaluz que deje sin efecto, en lo que afecta a los empleados públicos de la Junta de Andalucía, Ley 3/2012 de Medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
Asimismo, propone estudiar y pactar con los representantes de los empleados públicos de la Junta "una compensación en el futuro" después de que, según insiste, estos hayan sufrido una pérdida acumulada del 35 por ciento en sus retribuciones desde 2010.
Recuerda que la Ley 3/2012, que aprobaron PSOE e IU con el voto en contra del PP, establece en su artículo cuatro el ámbito temporal en lo que afectaba al personal público en cuanto a recortes retributivos, sociales y otros ámbitos, "afectando la capacidad del personal interino en todos los ámbitos, especialmente en Sanidad y Educación".
Agrega que la propia norma recoge que, a 31 diciembre 2013, se revisarían todas las medidas que afectan al personal, pero "ha pasado de largo sin cambios", lamenta Ruiz Canto, que reprocha a la Junta que "el único requisito para que se levantaran esas medidas de recortes sería la garantía de estabilidad presupuestaria de la Junta, que existe y se ha certificado".
A su juicio, este es otro ejemplo más de que el Gobierno andaluz "recorta donde no se debe, el bolsillo de los trabajadores públicos, afectando a los menos tienen", y recuerda que la Junta se comprometió a que no se rebajaría las retribuciones por menos de 1.000 euros y "no ha sido así".
ANUNCIOS VACÍOS
Recuerda que el PP pidió la comparecencia de consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la finalización de estos recortes "sin recibir respuesta", y afirma que el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que en 2015 retomarían las pagas extras es "un anuncio vacío de contenido, ya que no se sustenta con documentos, no han dicho cómo lo van a hacer y sorprendió a la propia consejera".
Ruiz Canto incide, además, en los recortes de la Junta en el empleo público, señalando que de julio de 2010 a julio de 2013 "se han perdido 17.785 empleos públicos en la Junta, lo que representa un 7,5 por ciento menos". Agrega que, con esta cifra, Andalucía concentra el 27,3 por ciento del total de empleo público perdido en las distintas comunidades autónomas.
Destaca el dato en Sanidad, donde la Junta de Andalucía está "a la cabeza en la destrucción de empleo público". Explica que, en el conjunto de las comunidades autónomas, el empleo en Sanidad ha descendido en 11.128 empleos, de los que 7.256 fueron en Andalucía, lo que supone un 63 por ciento del total.
Agrega que la destrucción de empleo sanitario en Andalucía es tres veces superior al resto del país, ya que "Andalucía concentra el 7,58 por ciento frente a la media nacional del 2,28 por ciento". En cuanto a Educación, señala que "la destrucción de empleo en Andalucía oscila en 4.700 empleados menos de julio 2010 a julio 2013".
Ruiz Canto afirma que el PP comparte la preocupación de los sindicatos ante la "nefasta" distribución del dinero público, con el mantenimiento de una administración paralela "mastodóntica" que se está llevando "gran parte de los fondos público de la Junta, en perjuicio de los 265.000 empleados públicos y sus familias que ven reducida sus retribuciones".
Finalmente, el diputado 'popular' ha criticado la "falta de responsabilidad" del Gobierno andaluz respecto a los empleados públicos y rechaza que responsabilice a terceros. Por ello, pide a PSOE e IU que "dejen de echar las culpas al Gobierno de la nación".
