La Fiscalía de Málaga calcula que en el ámbito de la Audiencia Provincial se produjeron en 2013 al menos 16 demoliciones de edificaciones resultado de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, lo que supone un incremento en relación con años anteriores.
Así se señala en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, en el apartado de Medio Ambiente y Urbanismo y en lo referente a Málaga. En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la Fiscalía de Málaga hace especial mención a los delitos contra la ordenación del territorio y a las demoliciones.
En este sentido, se precisan las "numerosas dificultades" que surgen en la ejecución de las órdenes de demolición", ya que los condenados "utilizan todos los instrumentos procesales que puedan para intentar retrasar e impedir esta medida". Así, se pone, entre otros ejemplos, la petición de suspensión por pedir un indulto.
La Sección de Medio Ambiente considera, de conformidad con la interpretación de la Audiencia y del Tribunal Supremo, que aunque la medida de demolición no es propiamente responsabilidad civil, "sí parece que pueda afirmarse claramente que se trata de una medida civil que entronca con la reparación del daño causado".
Por esto se señala en la memoria que en estos casos "se informa negativamente a la concesión de los beneficios de la suspensión de la pena de prisión cuando no se ha llevado a cabo dicha reparación del daño, considerando que dicha suspensión es un beneficio y no un derecho, respecto del cual ha de mostrarse merecedor el penado".
En la memoria se pone de manifiesto "el gran volumen de trabajo" que sufre esta especialidad en Málaga, apuntando que los fiscales deben compartir esta materia "con otras distintas". En este sentido, la Fiscalía malagueña señala la necesidad de reforzar el número de fiscales para atender secciones, "algunas de ellas al borde de la saturación".
SITUACIÓN GENERAL
A nivel general, el fiscal jefe señala que la carga de trabajo que se soporta es "muy importante, casi abrumadora", insistiendo en la situación "deficitaria de la plantilla de fiscales", pero considerando "insostenible" la situación de la plantilla auxiliar, "pues su escasa dotación impide atender de forma adecuada las obligaciones de registro y secretaría".
Asimismo, reitera que la investigación de ciertas formas de delincuencia, especialmente complejas, "exige contar con el apoyo de equipos de investigación adscritos a la Fiscalía e integrados por funcionarios de otras administraciones y de la Policía Judicial"; unidades que atenderían investigaciones preliminares, solicitudes de auxilio internacional y asistencia a juicio.
