La delegada municipal de Urbanismo, Marisol Ayala (PVRE), ha mostrado su satisfacción ante la noticia de aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) por parte de la Junta de Andalucía, ya que “todas las iniciativas que puedan posibilitar el desarrollo urbanístico de los distintos municipios de la comunidad autónoma tienen mi apoyo, a pesar de que la modificación del articulo 185 de esta ley andaluza no servirá absolutamente para nada en Chiclana”. Para Ayala, “los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía anteponen sus intereses políticos al bienestar y el futuro de las personas que viven en nuestra comunidad, incluida Chiclana, tal y como se constata en esta toma de medidas puramente electoralistas”.
En este sentido, la concejala ha destacado la “cortina de humo que han levantado los representantes de la administración andaluza en esta materia ya que, según las propias declaraciones de la Junta de Andalucía, la modificación de la LOUA no será una realidad hasta que no pase un mínimo de cuatro meses”. Por ello, ha señalado que “el parche que pretenden poner a la LOUA, no estará listo hasta el mes de febrero o marzo del próximo año, según fuentes de la propia administración, es decir justo antes de las elecciones municipales”.
Marisol Ayala ha recalcado la evidencia de que “todas las modificaciones de la LOUA que anuncian los representantes de la Junta de Andalucía se hacen efectivos días antes de las elecciones y, todos estos cambios en la legislación que rige el ordenamiento regional, carecen de contenido, eficacia y sostenibilidad. Prueba de ello, es la aprobación del Decreto 2/2012, que se ratificó días antes de las elecciones andaluzas, se vendió como la medida que solucionaría el problema de 20.000 viviendas en Andalucía y solo ha posibilitado una respuesta positiva y, a medias, de 177 viviendas en toda la comunidad autónoma”.
La delegada municipal de Urbanismo ha insistido en la necesidad de hacer cambios sustanciales en la legislación vigente que, verdaderamente, posibilite la defensa de aquellas familias que se encuentran en este limbo urbanístico, propiciado por “la falta de eficacia y de gestión de la Junta de Andalucía en este campo, cuyos representantes parecen estar más preocupados por las campañas electorales que por la propia ciudadanía”.
