El Ayuntamiento de Granada se convertirá el próximo viernes en el primero del país en aprobar en pleno una declaración institucional que recibirá el apoyo de todos los grupos en la que se insta al Gobierno central a modificar la normativa sobre la renta antigua a fin de evitar "el cierre de miles de establecimientos comerciales y hosteleros".
Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Granada muestra su respaldo a la plataforma 'No al cerrojazo', cuyo portavoz, Ángel Rodríguez, ha reclamado en rueda de prensa la búsqueda de un camino de negociación para que no se perjudique al comercio tradicional y de proximidad, de modo que se garantice la "continuidad" de los establecimientos afectados.
La plataforma calcula que el fin de la moratoria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos afectará a 100.000 establecimientos en todo el país. En Andalucía son 30.000 establecimientos, de los que un millar se localizan en la provincia de Granada.
Rodríguez ha mantenido que, tal y como está concebida esta ley, el comerciante y hostelero se encuentra en un situación de total "indefensión", ya que aunque "quiera mantener su negocio y los puestos de trabajo no tiene capacidad de negociación", puesto que la normativa deja en manos del propietario del local la decisión de echarle o no "a la calle".
Tampoco compensan por tanto al empresario los años que ha estado trabajando en el local y que lo han revalorizado, añade el portavoz de la plataforma, a cuyo juicio la medida también tendrá repercusión en el ciudadano y en la configuración del comercio de las ciudades.
"Los consumidores van a perder los comercios tradicionales, cuando precisamente es esa diferenciación de oferta lo que busca el turista que pasea por nuestras calles", ha añadido.
La moción, presentada en rueda de prensa por todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Granada, pide al Gobierno central que "se adapte la situación normativa vigente y que se establezca un régimen transitorio con un plazo que permita al arredantario la continuidad, prórroga o subrogación de su actividad".
También seguir impulsando las líneas de crédito ICO que faciliten el traslado, reforma y adaptación de locales para empresas afectadas por la finalización de la moratoria durante la prórroga y elaborar un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico para que se pongan en marcha acciones de defensa de la actividad comercial y para conservar el paisaje comercial urbano.
