El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y la parlamentaria andaluza del PP Alicia Martínez han visitado durante los últimos días distintas residencias de mayores de la provincia para conocer, 'in situ', los "graves problemas" que sufren los mayores, los "grandes olvidados" por el gobierno socialista de Susana Díaz, según los populares.
Juan Bueno, en un comunicado, ha mostrado su malestar "por la manera en la que la Junta de Andalucía sigue gestionando un tema tan sensible como es el bienestar de nuestros mayores, que son un total de 278.041 en nuestra provincia, de los cuáles 30.000 reciben algún tipo de prestación".
A pesar de ello, los populares denuncian que sólo hay tres residencia de mayores de titularidad pública de la Junta de Andalucía (Marchena, Heliópolis y Montequinto) con un total de 450 plazas adaptadas para asistencia continua, siendo el resto municipales (18 centros), concertadas (dos de diputación) y privadas (con algunas plazas concertadas).
Con todo ello, "la Junta ofrece un número ridículo de plazas, 3.147 a pesar de que hay más de 9.000 dependientes reconocidos, ya que desde 2011 la oferta está congelada. Además, muchas de ellas están sin cubrir, ya que el tiempo medio de tramitación de esas plazas es superior a los tres años". Asimismo, "esas residencias con plazas concertadas tardan un mínimo de 90 días en cobrar de la Junta de Andalucía, por lo que su subsistencia se hace complicada".
Por último, alertan los populares de que existe un "gran malestar entre los familiares de las personas dependientes", ya que no existe libre elección de centro, algo que genera un grave problema ya que, en muchas ocasiones, la Junta de Andalucía asigna una residencia muy alejada de su lugar de origen, suponiendo un importante trastorno a todo el entorno familiar.
Por todo ello, Juan Bueno ha exigido a Susana Díaz "mayor celeridad burocrática para evitar que se tarde más de un año y medio en resolver el Plan Individual de Atención (PIA) y otros dos en disponer de esa plaza, por lo que son más de tres años para acceder una plaza". Además de pedir que "los pagos de dichas plazas se reduzcan a lo exigido por la ley, 30 días, una vez que el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto 1.700 millones de euros más de financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) Social".
