Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que las palabras “derechos, garantías, seguridad y respeto definen este anteproyecto, que pretende salvaguardar la dignidad de las mujeres”.
La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Para ello, plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en dieciséis años.
Según el informe presentado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
Hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la intervención haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional hasta la semana veintidós la mujer podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.
En ambos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. A partir de ese plazo, sólo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita y el Estado velará por su cumplimiento a través de la Alta Inspección Sanitaria.
El texto del anteproyecto establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, aunque Aído insistió que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.
La norma incorpora medidas en el ámbito social, sanitario y educativo para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados, así como la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a cinco años, con participación de la comunidad científica y educativa.
El anteproyecto debe ahora pasar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que deberán emitir su informe preceptivo para que después el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo apruebe como Proyecto de Ley y lo enviará al Parlamento para su tramitación.
