Un total de 23 personas han sido detenidas en las redadas que las fuerzas de seguridad francesas han realizado en las últimas horas, en las que han sido incautadas 31 armas, 4 de ellas "de guerra", informó hoy el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
Las operaciones se han desarrollado en 19 del centenar de departamentos que hay en el país y se han hecho al amparo del estado de emergencia declarado tras los atentados del pasado viernes, que facilita los registros domiciliarios, señaló Cazeneuve.
Desde el pasado viernes, se han decretado 104 arrestos domiciliarios y 168 registros que "permiten acelerar las investigaciones sobre los objetivos radicalizados y alimentar las informaciones que se poseen".
Cazeneuve, que no precisó si los registros y arrestos tenían que ver con los atentados que provocaron al menos 129 muertos, afirmó que hay "vínculos" entre las bandas de delincuentes y los grupos terroristas.
En este sentido, señaló que se han hecho 18 alijos de estupefacientes y que se ha confiscado material informático y telefónico para ser investigado.
Como ejemplo, Cazeneuve citó un registro de un domicilio en el departamento del Ródano (con capital en Lyon) relacionado con el tráfico de armas y que reveló lazos con el movimiento yihadista radical.
En la vivienda del sospechoso se encontraron numerosas armas, así como en la de sus padres, donde también se halló un lanzagranadas.
El ministro del Interior explicó que el arsenal jurídico puesto en marcha por el Gobierno para luchar contra el terrorismo ha permitido evitar desde la pasada primavera seis atentados, así como la expulsión de 34 presuntos yihadistas o imanes que predican el odio.
Además, Francia ha rechazado la entrada de 62 individuos por considerar que amenazan su seguridad, mientras que se han evitado 203 proyectos de salida al extranjero.
A seis personas se les ha retirado la nacionalidad en virtud de una ley aprobada por el Ejecutivo y se han bloqueado 87 páginas de internet que hacían apología de la violencia.
Cazeneuve indicó que prosiguen los expedientes de disolución de asociaciones culturales que esconden fines violentos y la búsqueda de mezquitas en las que se predica la violencia, cuyo cierre será decretado por el Ejecutivo en los próximos días.
