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Sábado 16/11/2024
 
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Sevilla

La Fiscalía pide una multa de 6.480 euros para los padres del Cuco y el supuesto infiltrado

Los acusados serán enjuiciados el próximo día 11 de diciembre por quebrantar la orden de alejamiento de la familia de Marta

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado que se condene al pago de una multa de 6.480 euros a los padres del 'Cuco' y a P.B.R., el supuesto infiltrado que ha entregado al juez más de 600 horas de conversaciones grabadas en el entorno y en la familia del 'Cuco', por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta del Castillo.

   Y es que el 'Cuco' fue sorprendido el 14 de noviembre de 2010 cuando viajaba en un vehículo junto a sus progenitores y el supuesto infiltrado por la AP-4 que une Sevilla y Cádiz, a 26 kilómetros de la provincia hispalense, cuando sobre el entonces menor pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta del Castillo o de su lugar de residencia.

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que tanto los padres del 'Cuco', identificados como R.I.G.M. y A.R.C., como el supuesto infiltrado, serían cooperadores necesarios de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, hechos por los que serán enjuiciados el próximo día 11 de diciembre por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla.

   La Fiscalía relata que fue el 5 de noviembre de 2009 cuando el Juzgado de Menores número 3 acordó imponer al 'Cuco' las medidas cautelares de "convivencia con grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima o de comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, las cuales deberá comenzar a cumplir una vez finalice la medida de internamiento cautelar" que se encontraba entonces cumpliendo.

   De este modo, y para el cumplimiento de dicha medida cautelar, al 'Cuco' "le fueron concedidos diversos permisos de convivencias familiares con una duración entre cuatro y siete horas, en las localidades próximas a donde se encuentra ubicado el piso de convivencia", entre ellos un permiso para que "disfrutara de una convivencia familiar en El Puerto de Santa María (Cádiz) en horario de 13,00 a 20,00 horas del día 14 de noviembre de 2010".

"VIAJE HACIA SEVILLA"

   Al hilo, el Ministerio Público dice que, tras serle notificado dicho permiso "en tiempo y forma" tanto al menor como a sus representantes legales y a su abogado, los tres acusados recogieron al entonces menor de edad en el piso de convivencia sobre las 13,00 horas del día señalado para, "acto seguido, emprender un viaje hacia Sevilla".

   La Fiscalía concreta que, sobre las 13,40 horas, y mientras iban a bordo de un vehículo Opel Signium en compañía del 'Cuco', fueron interceptados por un control de Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, en dirección Sevilla.

   Y todo ello, afirma el Ministerio Público, pese a que los imputados "eran conocedores, no solo de la orden de prohibición de aproximación impuesta mediante auto de 5 de noviembre de 2009" dictado por el Juzgado de Menores número 3, que impedía al entonces menor acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta, "sino también de la medida cautelar de convivencia en grupo educativo".

   "La anterior resolución fue notificada al representante legal" del 'Cuco', "al letrado y a él mismo", concluye la Fiscalía en su escrito de acusación, donde solicita imponer a cada imputado la pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros.

A JUICIO

   El juicio se celebrará el próximo día 11 de diciembre, a partir de las 10,30 horas, tras ser suspendido en marzo de 2014, todo ello después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Utrera abriera juicio oral contra los padres del 'Cuco' y contra el supuesto infiltrado, que era la persona que conducía el coche.

   Por estos mismos hechos, el 'Cuco' ya fue condenado a 12 meses de libertad vigilada por un delito de quebrantamiento de condena, lo que hay que sumar a la condena de dos años y once meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada por encubrir el crimen de Marta del Castillo, pena que ya cumplió y que le posibilitó poder abandonar el centro donde permanecía recluido.

   Según ya indicó el fiscal en su escrito de alegaciones, el 'Cuco' ingresó el 12 de noviembre de 2009 en un piso tutelado de Puerto Real (Cádiz), dado que esta localidad distaba más de 50 kilómetros de Sevilla, y en el transcurso del cumplimiento de esta medida cautelar le fueron concedidos diversos permisos de convivencias familiares.

   Pues bien, al entonces menor de edad le fue concedido un permiso para que disfrutara de una convivencia familiar en El Puerto de Santa María el día 14 de noviembre de 2010, en horario de 13,00 a 20,00 horas. Así, los padres del Cuco y el supuesto infiltrado "recogieron al menor del piso de convivencia a las 13,00 horas del 14 de noviembre con exacto conocimiento de la medida cautelar impuesta al 'Cuco' y de los términos en que había sido concedido el permiso".

"SUPERARON CONSCIENTEMENTE" LOS 50 KM DE ALEJAMIENTO

   "No obstante lo cual, decidieron traer al menor hasta Sevilla, estando de acuerdo éste cuando le comunicaron sus padres cuáles eran sus planes, manifestando que en ese caso no pensaba volver al piso de convivencia", según dijo la Fiscalía, añadiendo que el vehículo en el que viajaban todos ellos, "que se dirigía" a Sevilla, fue interceptado por un control de la Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la AP-4, "cuando habían superado consciente y voluntariamente el límite de los 50 kilómetros de alejamiento".

   El Ministerio Público señalaba que el 'Cuco' "pertenece a una familia con dinámica disfuncional que no ha ejercido un adecuado control sobre las actividades" del joven, y añadía que "su trayectoria escolar ha estado marcada por el bajo rendimiento, el absentismo ocasional y las conductas disruptivas".

   Dentro de la causa contra el 'Cuco', los padres del entonces menor de edad ya comparecieron como testigos ante la Fiscalía y se acogieron a su derecho a no declarar, limitándose a ratificar la declaración prestada ante un Juzgado de Utrera en la que aseguraron que el día de los hechos "se equivocaron de carretera" y que su objetivo era acudir a una fiesta de cumpleaños en Las Cabezas de San Juan.

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