El Consejo Regulador del Vino de Jerez ha aprobado este martes en Pleno una declaración en la que rechaza "tajantemente" las acusaciones de "acoso y trato discriminatorio" vertidas por determinadas bodegas de Sanlúcar de Barrameda, al tiempo que insta a la Junta de Andalucía a ejercer "urgentemente" sus competencias exigiendo el cumplimiento de las normas vigentes y sancionando a quienes las incumplan.
En un comunicado, el Consejo Regulador del Vino de Jerez ha explicado que esta declaración aprobada en Pleno responde a las informaciones aparecidas durante estas últimas semanas en los medios de comunicación y las propias actuaciones y declaraciones de algunas bodegas inscritas "descalificando" al Consejo Regulador y a su Órgano de Control y Certificación.
Entre otras cuestiones, ha destacado que "todas las bodegas inscritas están sometidas a procedimientos de control idénticos, que se rigen por los principios de imparcialidad, objetividad y competencia técnica, garantizada por un Órgano de Control y Certificación independiente acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), así como por la propia Junta de Andalucía, a quien corresponde la tutela de las Denominaciones de Origen".
El Pleno del Consejo Regulador, como máximo órgano de gobierno de las Denominaciones "rechaza tajantemente" las acusaciones de "acoso y trato discriminatorio", lamentando al mismo tiempo las "actitudes de desobediencia consciente a las normas y la intoxicación informativa que están promoviendo estas mismas bodegas con declaraciones que no solo son totalmente falsas, sino que están perjudicando gravemente la imagen de las denominaciones de origen".
El Pleno del Consejo ha reiterado la necesidad de que todos los operadores que forman parte de sus denominaciones "respeten las normas", por lo que todos los incumplimientos de los que tenga conocimiento el Consejo Regulador "seguirán siendo perseguidos y denunciados, en cumplimiento de las funciones que éste tiene por ley encomendadas".
Finalmente, el Pleno insta a la Junta de Andalucía a que "ejerza urgentemente" las competencias que tiene atribuidas por la Ley en defensa de las Denominaciones de Origen y exija el cumplimiento de las normas vigentes, sancionando conforme a derecho a quienes las incumplen y "poniendo así fin a la lamentable situación de inseguridad jurídica actual".
