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Sábado 02/11/2024
 

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La provincia, la segunda en peticiones de asilo

Los solicitantes de protección proceden principalmente de Ucrania y Siria

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El drama que nos parece lejano llama a nuestras puertas para que le hagamos caso: la ola de conflictos que sacude a la región de Oriente Próximo desde el estallido de la Guerra Civil Siria en 2011, y la extensión del conflicto a toda la región del Creciente Fértil con la proclamación del califato islámico del Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), ha generado una reacción en cadena que ahora llama a las puertas de nuestro mundo estable para que nos ocupemos de no volver la vista.
El fenómeno de la llegada de refugiados ha sido el rumor de fondo de este 2015. También aquí: Cádiz ha sido la segunda provincia andaluza que mayor número de peticiones de asilo registró, 111, solo por detrás de Málaga, que está a la cabeza con 221 solicitudes.
Así se desprende de las estadísticas que ha hecho públicas el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos recogidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores durante el 2014.
En la provincia, y a falta de tener datos cerrados de 2015, en 2014 se recibieron 31 solicitudes de protección por parte de ciudadanos de Argelia, 10 de Costa de Marfil, 10 de Mali y otras 10 de Ucrania.  El reparto del resto de asilados de la provincia se distribuye entre cameruneses (3), iraníes (2), marroquíes (7), nigerianos (7), pakistaníes (2), centroafricanos (5), senegaleses (2), o sirios (4).
Armenia, Benín, Burkina Faso, Colombia, El Congo, Guinea, Honduras, Liberia, Libia, México, El Sáhara, Palestina, Rusia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Túnez han dejado un refugiado cada uno. Todos ellos son países en los que tiene lugar conflictos armados, como en el caso de Siria, Iraq o Ucrania, o en los que no hay estados estables, como de los países del centro y este de África, o en los que hay conflictos por el reconocimiento de estados independientes, como Sáhara o Palestina.
En el conjunto de Andalucía se han registrado hasta 630 solicitudes de protección internacional, un tipo de protección que solicitan a los estados las personas desplazadas por conflictos bélicos o por persecución política en sus países de origen. Asia y el Norte de África son las principales zonas emisoras de desplazados y asilados, pero no son las únicas. En 2014 solicitaron protección en nuestra comunidad 208 ucranianos, la mayoría de entre 18 y 35 años de edad, y 143 malienses, según los datos del Ministerio de Exteriores. De Siria procedían 61 de las personas que han solicitado asilo en Andalucía, 32 eran de Argelia, 28 de Nigeria, 17 de Costa de Marfil y 15 de El Salvador, siendo este el primer país de América que más asilados deja en Andalucía.
Por comunidades autónomas, Andalucía ha sido la tercera comunidad que mayor número de solicitudes registró, por detrás de la Comunidad de Madrid (1.861 solicitudes) y Cataluña (786); y por delante de la Comunidad Valenciana (606) Melilla (543, de las que 515 eran ciudadanos sirios) y Ceuta (392).
Según los datos hechos públicos por el INE, el total de solicitudes de asilo y protección registrado en España en 2014 fue de 5.952, de las que solo 384 han sido admitidas con resultado favorable, tan solo un 6,45 % del total de peticiones.

Larga espera en los Cies
Entre los años 2010 y 2014, en España se han registrado 19.219 solicitudes de protección y asilo. Según los datos que maneja el ministerio de Asuntos Exteriores, el 74,35 % de esas solicitudes se realizó en territorio nacional, es decir, de inmigrantes ya llegados a nuestros país. El 12,83 % lo hizo en los pasos fronterizos, el 4,88 % en las embajadas españolas de sus respectivos países (estos solicitan protección antes de abandonar su país), y el 7,95 % en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), donde recluyen a inmigrantes y refugiados que tratan de llegar a las fronteras españolas para luego deportarlos de nuevo a su país de origen y de donde huyen.
En los CIEs, los inmigrantes y refugiados esperan hasta dos años hacinados en condiciones de vida infrahumanas, según denunció este año Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.

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