La confirmación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la sentencia dictada el pasado mes de abril por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras, que considera nulas las contrataciones de cuatro trabajadores como personal de confianza en 2013, podría anular de pleno derecho cientos de expedientes firmados por ellos entre 2013 y 2015.
Aspectos fundamentales de la gestión del alcalde andalucista Jorge Romero, en su etapa de cogobierno con el Partido Popular de David Gil, tales como los presupuestos generales de 2013 y 2014, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), peticiones de subvenciones a las administraciones superiores, principalmente a la Junta de Andalucía; o las privatizaciones de ciertos servicios públicos, como el alumbrado, parquyes y jardines y limpieza, se enfrentan ahora a una posibilidad de nulidad en virtud de dicha sentencia refutada por el TSJA hace escasas fechas.
En la sentencia del Contencioso-Administrativo de Algeciras se considera acreditado que las contrataciones del personal de confianza no contaba con “informe técnico alguno que lo respaldase”, y que lejos de desempeñar las labores de asesoramiento propias de dicho personal de confianza, se le atribuyó a dicho grupo de trabajadores una serie de funciones “que son competencias de los funcionarios municipales de carrera”. Además, resalta que todo ello se hizo “después de haber amortizado 2014 plazas y despedido a 115 empleados públicos”.
Con esta resolución judicial acaba por prosperar la denuncia efectuada por el PIBA 2000 para impugnar dichas contrataciones, a las que también había manifestado sus objeciones el PSOE de Los Barrios.
