La preocupación sobre el amianto ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de que esta semana el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía, Ustea, denunciase la presencia de placas de uralita en la estructura de casi una decena de centros educativos de la provincia.
El amianto, comercializado en España, principalmente bajo el nombre comercial de Uralita, es un tema espinoso que viene de lejos. Es un mineral fibroso que comenzó a usarse en la década de los 40 debido a sus propiedades ignífugas y a su versatilidad como aislante térmico y su flexibilidad. En nuestro país, su punto álgido llego en los años 70, de la mano de la expansión industrial que vivió España en la Transición. Y desde entonces se usó en industrias, como la naval en Cádiz, y también en la fabricación de pinturas, tejas, aislamientos térmicos o textiles. En el año 2001 fue prohibido en España, al demostrarse que la exposición prolongada o la manipulación sin precaución de las fibras que desprende este material, era la causa directa de la asbestosis, o cáncer de las vías respiratorias.
Hoy día, la normativa europea prohíbe su uso y prescribe que debe ser retirado por personal especializado en el tratamiento del amianto, que lo deberán manipular con Equipos de Protección Individual (EPI).
El amianto, también llamado asbesto, fue un componente muy usado en la industria naval gaditana durante la segunda mitad del siglo XX y hasta su prohibición. Y fue en la provincia donde se lograron las primeras sentencias favorables para afectados por amianto, ex trabajadores de Astilleros, que desarrollaron asbestosis tras años de exposición continuada y sin medidas de protección a las fibras de de este material. Fue uno de los precedentes judiciales que permitió sentar jurisprudencia en el resto de España para los demás afectados.
Sindicatos como la CGT, Ustea o CCOO, han denunciado el riesgo que supone la presencia de este material en algunos centros educativos de la provincia, y el testigo ha sido recogido, entre otros, por el Ayuntamiento de Jerez y la Delegación Territorial de Educación, según ha señalado a Información Carlos Cabral, portavoz de Ustea: “esta semana nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Jerez, que nos ha comunicado que ya está pidiendo presupuesto a algunas empresas especializadas en la manipulación de amianto para retirar los techos que hay en el centro de San Juan de Dios de Jerez”. De otros centros, como el de la pedanía de Lomopardo, se hará cargo, según señala el portavoz de Ustea, la Delegación Territorial de Educación.
El mayor riesgo que supone el amianto es la liberación de las fibras microscópicas que lo componen. Estas se liberan en el momento en el que el material se parte o se corta. Pero la cohabitación con este material, por ejemplo presente en un techo como los de uralita de los centros educativos de la provincia, puede suponer también un riesgo para la salud, aunque menor que el de la manipulación directa de sus fibras.
Desde que ha trascendido en redes sociales la denuncia delos sindicatos, propiciado además por la emisión el pasado domingo del programa monográfico sobre el amianto de ‘Salvados’ en La Sexta, “nos ha llegado que hay componentes de uralita en centros privado-concertados de la provincia que no conocíamos, como La Salle Buen Pastor de Jerez o el Colegio San Felipe Neri de Cádiz”, explica Cabral, que “sospecha” de la existencia de más centros educativos con uralita “totalmente integrada y camuflada en su estructura y que pasa desapercibido”.
Los centros para los que, de momento, Ustea ha pedido la retirada de los componentes de uralita son el de San Juan de Dios y Lomopardo, los dos de Jerez, el IES Baelo Claudia de Tarifa, el IES José Cadalso de San Roque, el CEIP Luis Ponce de León y el CEIP Pedro Antonio de Alarcón, ambos de Rota, y el CEIP Regio de Puerto Real.
Ustea ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que “la exposición ocupacional (por cohabitación) a todos los tipos de amianto se ha traducido en una alta incidencia de cáncer de pulmón” y de las vías respiratorias, porque las fibras de amianto se esparcen por el aire y entran en contacto con las personas a través de las vías respiratorias, por las que accede al cuerpo y permanecen en el organismo sin ser eliminadas. Las personas expuestas a las fibras de amianto desarrollan asbestosis entes diez u once años después de dejar de tener contacto con el material.
Debido a la peligrosidad del material, en la denuncia, Ustea instaba a “todas las administraciones a implicarse para solucionar este problema en los centros educativos, que están incumpliendo desde hace catorce años la normativa estatal y las recomendaciones de la OMS”.
Tranquilidad para la escolarización
En pleno proceso de matriculación del alumnado en centros de educación primaria y secundaria, el portavoz de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), Carlos Cabral, ha querido dejar claro que los centros con componentes de amianto no son “ni mucho menos malos centros educativos”, y ha puntualizado que “son centros educativos con una larga trayectoria de calidad y con proyectos educativos innovadores” y con una oferta de formación atractiva para los alumnos que quieran matricularse en ellos.
La presencia de amianto en los centros señalados, se debe a que el amianto era un componente muy usado por su versatilidad y su bajo coste, hasta el año 2001, cuando se prohibió su utilización.
Los centros a los que se refiere Ustea en su denuncia están, a juicio de su portavoz, “cansados de soportar esta carga de tener techos de amianto por la inoperancia de la administración”.
Una situación que, según ha reconocido el portavoz sindical a este medio, ya está en vías de solucionarse, al menos, en los centros de Lomopardo y San Juan de Dios de Jerez.
