Este viernes, 1 de abril, se cumplen siete años desde que se detectara en el Ayuntamiento de San Fernando uno de los mayores escándalos económicos que se recuerdan a nivel nacional, tras la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal, algo que fue detectado en una inspección rutinaria realizada por la Cámara de Cuentas, y que derivó en que desde junio de 2002 y abril de 2009 había ido desapareciendo poco a poco el dinero de las arcas municipales esa cantidad de dinero.
Un periodo de tiempo en el que en el Ayuntamiento isleño gobernaba el PA en solitario y desde 2007 en coalición con el PP, siendo alcalde en una primera etapa Antonio Moreno y en una segunda Manuel María de Bernardo, ambos andalucistas.
Desde entonces, mucho se ha escrito de este turbio asunto que ha tenido su principal foco de atención en el cajero municipal Clemente Ruiz, quien incluso pasó 20 meses en prisión preventiva hasta noviembre de 2011 en la cárcel de Puerto II, o de su compañera en la Delegación de Hacienda, aunque en menor medida, María José Lebrero de Celis.
A día de hoy, lo que sí se puede afirmar es que existe un compás de espera en relación con el caso, básicamente desde el punto de vista penal. Cabe recordar que las últimas noticias que trascendieron con respecto al caso es que el pasado mes de septiembre fue suspendida la declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de San Fernando de la actual tesorera y el interventor municipal del Ayuntamiento de San Fernando en calidad de imputados en el caso del robo en la caja municipal, después de que el Ministerio Fiscal recurriese dicha imputación.
La Fiscalía presentó un recurso de apelación contra la imputación de dichos funcionarios municipales, de manera que, “por prudencia”, el juzgado isleño decidió suspender la citación a la espera de que resuelva la Audiencia Provincial de Cádiz, algo que todavía no ha sucedido.
Un auto de julio
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando, que se encarga de la instrucción penal por el supuesto robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal en el Ayuntamiento de San Fernando, emitió el pasado 20 de julio un auto por el que imputaba a los dos funcionarios municipales, es decir, tanto a tesorera como interventor.
Hasta ese momento en la causa, los principales imputados eran Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas en las que supuestamente desapareció el dinero.
Cabe reseñar que a lo largo de la instrucción en estos ya siete años también fueron imputadas en distintas etapas por un delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz.
Por otro lado, el Ministerio Público también interesó en su día la imputación de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entiende que pudo participar en los hechos.
Alcance contable
Como se recordará, el juicio contable por el robo se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos cuyo principal cuantificaba en 7.665.733,92 euros -la diferencia de la cantidad inicial de 7,8 millones se derivaba de la prescripción de algunas de las responsabilidades-.
En su sentencia, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio los 7,6 millones de euros más intereses.
Asimismo, declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los exalcaldes Antonio Moreno y De Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses, y también a los tesoreros e interventores que estuvieron en el Ayuntamiento en ese intervalo de tiempo.
Por lo tanto, siete años y muchas incógnitas que siguen flotando en el aire sobre el famoso escándalo económico en las arcas municipales.
