La Fiscalía de Área de Dos Hermanas (Sevilla) ha archivado por prescripción unas diligencias de investigación abiertas tras las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Junta en una ayuda de 2.176.369 euros que la Administración autonómica concedió en 2008 a una empresa radicada en la localidad de Alcalá de Guadaíra, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que fue en diciembre de 2015 cuando la Junta, y en concreto la agencia IDEA, puso en conocimiento de la Fiscalía que la Intervención General de la Junta había detectado irregularidades en una ayuda concedida a la empresa TS Acabados y Encuadernaciones S.L..
Esta empresa solicitó a la Junta una subvención para la puesta en marcha de un negocio, tras lo que la Administración decidió concederle una ayuda de 2.176.369 euros en dos pagos de 1.649.374 euros y 526.995 euros, respectivamente, que se hicieron efectivos el día 15 de diciembre de 2008.
No obstante, la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió en diciembre de 2015 un informe en el que alertaba de que una de las facturas aportadas por la empresa beneficiaria para justificar el gasto de la subvención no coincidía con la factura original expedida por uno de sus supuestos proveedores, en concreto Müller Martini.
De este modo, la Intervención procedió a cotejar esta factura y Müller Martini le comunicó que por su parte había emitido un presupuesto (ni siquiera una factura) por valor de 3.168 euros a favor de la empresa TS Acabados y Encuadernaciones, quien no obstante "modificó" tanto el concepto como el importe y la fecha de pago y aportó a la Junta una factura por valor de 909.440 euros.
Las fuentes consultadas por Europa Press han resaltado que el hecho de que Muller Martini comunicara a la Intervención General que lo que había emitido era un presupuesto y no una factura "pone de manifiesto que no llegó a contratarse nada" con la empresa beneficiaria de la subvención.
Estos hechos podrían haber sido constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, el cual prescribe a los tres años, han indicado las fuentes, que han añadido que en este caso la factura cuestionada es de junio de 2008, y por tanto el delito cometido prescribió en junio de 2011.
Por ello, y al haber prescrito el delito, la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, en un decreto emitido el pasado día 29 de marzo, ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas tras el escrito en el que la Junta de Andalucía ponía en su conocimiento los hechos.
Cabe destacarse que la empresa beneficiaria de la subvención se constituyó el día 17 de enero de 2008 en Alcalá de Guadaíra.
