El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la Junta de Andalucía y mantiene la cualidad de la Administración andaluza en el presente procedimiento como responsable civil subsidiaria y no como perjudicada.
Según reza en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez sostiene que "los perjudicados son especialmente las personas desempleadas que eran los destinatarios directos de los cursos de formación, ya que estas subvenciones estaban siendo gestionadas por la Junta de Andalucía relativas a Programas de Formación para el Empleo".
Del mismo modo, incide en que "se observa que la actuación de la Junta de Andalucía ha sido de una absoluta falta de control en todas las fases del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones".
Entre algunas de las irregularidades cita la concesión de las subvenciones a entidades y empresas que no cumplían los requisitos de homologación necesarios para obtenerlas; otras que no cumplían los requisitos legales porque tenían deudas con la Seguridad Social; empresas que recibían subvenciones pese a no haber justificado el dinero recibido en una subvención anterior o la concesión de subvenciones a empresas que no tenían su sede en Huelva, entre otras muchas.
"PAQUETES DE FOLIOS POR 50 EUROS"
También observa "una inadecuada supervisión de la justificación de los cursos, otorgando su aprobación a cursos que contenían facturas totalmente irreales y que no hubiesen pasado un control mínimo", como por ejemplo, "paquetes de folios al precio de 50 euros la unidad, facturas de miles de euros por especias como colorante alimenticio y orégano, o nóminas de profesores o tutores que los alumnos no conocían y han manifestado no haber impartido módulo alguno en el curso".
A pesar de todas estas irregularidades, la Junta de Andalucía, a través de sus empleados, han otorgado, aprobado y abonado dichas subvenciones, según remarca el juez y, pese a ello, "se pretende ahora calificar a la misma como perjudicada, cuando realmente los perjudicados han sido las personas desempleadas que, pese a su precaria situación, se han apuntado a cursos con la esperanza y expectativa creada por la Junta de Andalucía para la obtención de un puesto de trabajo, muchas veces con la exigencia de desembolsos por parte de los alumnos de gastos de desplazamiento, para conciliación de la vida familiar, con especial esfuerzo cuando se ha tratado de discapacitados".
Al respecto, señala que "inicialmente la Junta de Andalucía no ha atendido a estos últimos al haber hecho caso omiso a las distintas becas solicitadas por los alumnos, hasta que tras requerimiento de este Juzgado para que informara sobre el pago de las becas que se habían solicitado, parece que finalmente y con retraso, ha comenzado a atender dichos pagos".
"Después del rosario de declaraciones de los distintos alumnos, parece claro que ellos son los auténticos y verdaderos perjudicados en la presente causa, apareciendo como algo paradójico que pretende adquirir dicha cualidad la Junta de Andalucía, que, con su actuación, y especialmente con su omisión, ha consentido y permitido toda esta situación", razona el juez.
De igual manera reza en el auto que "el perjuicio se causa a los ciudadanos con el deficiente funcionamiento de los servicios públicos y la absoluta falta de gestión eficaz y supervisión de los fondos destinados a la formación para el empleo". De ahí que la Junta de Andalucía, "responsable por acción u omisión del despilfarro de este dinero, no pueda aparecer en la presente causa como perjudicada".
Por último, señala que la responsabilidad civil en el presente caso debería consistir en la reserva, por parte del Servicio Andaluz de Empleo, como responsable civil subsidiario, de "una partida presupuestaria de fondos propios, igual al importe que finalmente se acredite como quebranto producido por los delitos cometidos, y se destine a una nueva actividad de formación destinada al empleo".
Desde hace meses están declarando, además de 1.000 testigos, un centenar de investigados entre ellos el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el exdelegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE. Algunos de ellos, incluido Muñoz, están citados a declarar de nuevo el 29 de junio.
